Ciudad De México, 25 de marzo de 2026.- La presidenta Claudia Sheinbaum rechazó de manera definitiva la posibilidad de otorgar un indulto a Mario Aburto Martínez, sentenciado como el asesino confeso de Luis Donaldo Colosio Murrieta. Durante su intervención pública, la jefa del Ejecutivo federal estableció que la resolución de este crimen histórico corresponde a un asunto de Estado y no a decisiones discrecionales de gracia presidencial.
La postura de Sheinbaum surge en contraste con las declaraciones recientes de Luis Donaldo Colosio Riojas, senador de la República e hijo de la víctima. El legislador afirmó que la titular del Ejecutivo posee la facultad legal para emitir el indulto, pero carece de la voluntad política para hacerlo, una aseveración que la presidenta desmintió al enmarcar el proceso dentro de las investigaciones judiciales en curso.
De acuerdo con información judicial citada por medios de comunicación, el caso mantiene abiertas líneas de investigación sobre la participación de un presunto segundo tirador, identificado como Jorge Antonio Sánchez Ortega, exagente del Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen). El procedimiento relacionado con Sánchez Ortega se encuentra actualmente en suspenso, mientras la Fiscalía General de la República no ha emitido una resolución formal que confirme la hipótesis de un complot político en el asesinato ocurrido en 1994.
En su respuesta, Claudia Sheinbaum hizo referencia a la trayectoria política de Luis Donaldo Colosio Riojas, señalando con ironía su aspiración a la gubernatura de Sonora a pesar de haber sido electo senador por Nuevo León. Este comentario subraya la tensión política que rodea al tema, el cual ha sido utilizado por diversos actores para cuestionar al régimen actual.
El senador Colosio Riojas ha acusado públicamente que se está generando ruido y golpeteo político en torno al caso, argumentando que se utiliza la memoria de su padre para justificar tropelías. Sin embargo, la posición del gobierno federal mantiene que la justicia debe seguir su curso a través de los conductos legales establecidos, sin intervenciones ejecutivas que alteren las sentencias o procesos penales vigentes.
La controversia pone de manifiesto la complejidad jurídica y política que aún envuelve al magnicidio de Lomas Taurinas, a más de tres décadas de los hechos. Mientras la familia Colosio exige claridad y voluntad para cerrar las heridas históricas, el Ejecutivo insiste en que la solución no reside en figuras jurídicas como el indulto, sino en la conclusión transparente de las averiguaciones ministeriales.
