Ciudad De México, 26 de marzo de 2026.- El Senado de la República aprobó el pasado 24 de marzo de 2026 una reforma a la Ley Federal del Trabajo para prohibir el uso del llamado “buró laboral”, práctica mediante la cual las empresas comparten información sobre despidos, renuncias y conflictos laborales para filtrar candidatos en procesos de contratación.
La modificación, aprobada por unanimidad en la Cámara Alta, contempla cambios a los artículos 3 y 133 de la ley para evitar prácticas que condicionen el acceso al empleo por razones ajenas a las calificaciones específicas requeridas para un puesto, según el dictamen remitido a la Cámara de Diputados para su análisis.
El senador morenista Saúl Monreal, promotor de la iniciativa, señaló que con esta propuesta se corrige una injusticia estructural que ha permanecido invisibilizada durante años en el mercado de trabajo. “El llamado buró laboral es una práctica que no aparece en la ley, pero sí en la realidad de miles de trabajadores”, afirmó el legislador.
De acuerdo con el dictamen, el buró laboral se conforma con datos que provienen de los centros de conciliación y los tribunales laborales, donde se registra información de cualquier persona que haya presentado una demanda en la materia, independientemente del resultado del proceso. Empresas privadas recopilan esa información y la ofrecen a agencias de colocación y departamentos de recursos humanos.
Manuel Huerta Ladrón de Guevara, presidente de la Comisión de Estudios Legislativos Primera, resaltó durante la presentación del dictamen que el Estado mexicano debe garantizar el acceso al trabajo por capacidades y méritos. La reforma parte de la premisa fundamental de que el trabajo no puede estar condicionado por listas negras, pues cuando una persona es vetada por haber ejercido sus derechos, ya no se está frente a un proceso de selección, sino ante un mecanismo de discriminación.
La iniciativa prohíbe explícitamente a los empleadores o sus representantes utilizar sistemas de registro que difundan datos personales sensibles de trabajadores separados del empleo para limitar o condicionar su acceso o permanencia en el trabajo. Además, el dictamen subraya que esta práctica infringe la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de Particulares, ya que crear bases de datos con información sensible sin consentimiento expreso y por escrito del titular es ilegal.
Tras su aprobación en la Cámara Alta, la minuta fue enviada a la Cámara de Diputados para su revisión y eventual ratificación. De ser aprobada, la reforma entraría en vigor tras su publicación en el Diario Oficial de la Federación, aunque la fecha exacta de entrada en vigor aún no ha sido especificada por los legisladores.
