Por Redacción
Ciudad De México, 20 de marzo de 2026.- La presidenta Claudia Sheinbaum respaldó la resolución del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) que absolvió a Pío López Obrador de las acusaciones derivadas de los videos donde se le observa recibiendo dinero en sobres amarillos. Durante su conferencia matutina, la jefa del Ejecutivo federal señaló que el organismo electoral determinó que no se cometió ningún delito y enfatizó que dicha institución cuenta con los mecanismos legales para revisar posibles violaciones a la legislación electoral.
“Pues ya dijo el Tribunal Electoral que no cometió ningún delito”, afirmó Sheinbaum al referirse al caso. La mandataria añadió que corresponde analizar los fundamentos en los que se basó el tribunal para emitir esta resolución, validando así la postura oficial que exime de responsabilidad al hijo del expresidente Andrés Manuel López Obrador, quien en su momento aseguró que los recursos captados estaban destinados al partido Morena.
En contraste con la posición gubernamental, el periodista Carlos Loret de Mola, quien difundió las grabaciones junto con el medio LatinUS en 2020, calificó la decisión como una “venganza del régimen”. Loret de Mola denunció que todas las instituciones del Estado relacionadas con el proceso se han alineado para exonerar a Pío López Obrador, cuestionando la imparcialidad del sistema de justicia en este asunto.
Como respuesta a la absolución y a las publicaciones de los videos, se han presentado demandas por daño a la imagen contra LatinUS y contra Carlos Loret de Mola, cada una por un monto de 200 millones de pesos. El periodista ha reportado riesgos para su seguridad en medio de esta controversia legal y política que enfrenta al gobierno actual con medios de comunicación críticos.
Medios de análisis como López-Dóriga Digital han cuestionado la naturaleza del veredicto, describiendo al organismo resolutor como un “tribunal constitucional a la medida” que absolvió lo que consideraban “inabsolvible” en los hechos. Esta divergencia de interpretaciones marca una fractura entre la validación institucional promovida por el Ejecutivo y las acusaciones de parcialidad sostenidas por sectores de la prensa y la oposición.
El caso, originado por las grabaciones realizadas por David León, continúa generando debate sobre la transparencia y el uso de recursos en la vida política mexicana, mientras las partes involucradas mantienen sus posturas irreconciliables respecto a la legalidad de los actos mostrados en los videos y la legitimidad de la sentencia emitida por la autoridad electoral.
