Ciudad De México, 28 de marzo de 2026.- La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) determinó que la empresa de entretenimiento Xcaret debe dejar de utilizar elementos de la cultura Maya en toda su publicidad mientras se resuelve el fondo del caso. Por una votación de siete a dos, los ministros aprobaron la medida cautelar que revierte una suspensión previa concedida a la compañía turística, estableciendo que la protección del patrimonio ancestral tiene mayor peso que cualquier interés comercial o autorización privada.
El conflicto jurídico se originó cuando el Instituto Nacional del Derecho de Autor (Indautor) ordenó medidas cautelares para retirar de circulación contenidos publicitarios con simbología indígena, tras una denuncia presentada por cuatro personas que se ostentaron como integrantes de la comunidad Maya. Aunque un juzgado de distrito había otorgado anteriormente una suspensión definitiva a Xcaret —permitiéndole continuar con el uso de los símbolos amparado en un acuerdo con el Gran Consejo Maya—, la mayoría del tribunal consideró que dichas autorizaciones no facultan a las empresas para disponer del patrimonio cultural de los pueblos indígenas ni del patrimonio de la nación.
La ministra María Estela Ríos González, autora del proyecto aprobado, señaló que las inversiones que puedan beneficiar a las comunidades no legitiman el uso indebido de estos elementos culturales. En su argumento, la magistrada enfatizó que el derecho al patrimonio prevalece independientemente de los contratos mercantiles suscritos entre particulares y grupos representativos.
En sentido contrario, la ministra Yasmín Esquivel emitió un voto disidente al expresar su preocupación por la decisión asumida. Esquivel argumentó que con este fallo se desconoce la voluntad del Gran Consejo Maya, organismo reconocido en leyes de protección indígena desde 1998, el cual firmó un acuerdo comercial con la empresa del cual se benefician las comunidades. La ministra destacó que ante la SCJN se recibió un escrito con 209 firmas de comisariados ejidales, alcaldes, delegados, subdelegados y jueces tradicionales que apoyan dicho convenio.
La resolución de la Corte pone de manifiesto la disputa sobre quién representa legítimamente al pueblo Maya en este asunto: por un lado, el Indactor representa a los denunciantes originales que seek la protección de los símbolos; por otro, el Gran Consejo Maya defiende la validez de su autorización comercial. Con esta medida cautelar, Xcaret deberá cambiar los elementos de su marca que aluden a la simbología Maya hasta que el máximo tribunal emita una sentencia definitiva sobre el fondo del asunto.
