Por Redacción
Ciudad De México, 19 de marzo de 2026.- La Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) emitió una sentencia contra el Estado mexicano por las violaciones a los derechos humanos sufridas por Ernestina Ascencio en 2007, determinando la responsabilidad internacional del país por la vulneración del derecho a la vida, a la salud y a la protección judicial, así como por la falta de perspectiva de género e interseccionalidad en el manejo del caso.
El fallo, notificado este día en la capital mexicana, establece que las autoridades fallaron en garantizar la integridad de la mujer indígena nahuatl, quien falleció tras presuntas agresiones sexuales cometidas por elementos del Ejército en el estado de Veracruz. La Corte subraya la gravedad de los hechos ocurridos hace casi dos décadas y destaca la impunidad que ha prevalecido durante este periodo.
La Secretaría de Gobernación (Segob) recibió el comunicado oficial con la determinación de la Corte, la cual incluye obligaciones de reparación integral para las víctimas y sus familiares. Aunque el documento no especifica en esta instancia los detalles puntuales de las medidas de no repetición, se entiende que el Estado deberá implementar acciones estructurales para evitar que sucesos de esta naturaleza se vuelvan a cometer contra mujeres indígenas en contextos de conflicto social.
El caso de Ernestina Ascencio se convirtió en un símbolo de la lucha por la justicia para las comunidades originarias y por la erradicación de la violencia de género en México. La sentencia reconoce que la investigación original careció de los elementos necesarios para abordar las denuncias con un enfoque adecuado, ignorando las barreras lingüísticas y culturales que enfrentaba la víctima y su familia al acceder a la justicia.
Con esta resolución, la Corte IDH busca no solo reparar el daño causado a los afectados directos, sino también enviar un mensaje contundente sobre la obligación del Estado de proteger a los grupos más vulnerables. Se espera que en los próximos días se hagan públicos los detalles específicos sobre las indemnizaciones y las reformas institucionales que México deberá emprender para cumplir con lo ordenado por el tribunal internacional.
La sociedad civil y organizaciones de derechos humanos en México mantienen la expectativa de que esta sentencia marque un precedente que obligue a una revisión profunda de los protocolos de actuación de las fuerzas armadas y del sistema de justicia cuando se trata de delitos contra mujeres indígenas.
