Ciudad De México, 24 de marzo de 2026.- La Comisión Instructora de la Cámara de Diputados retomará tras el receso de Semana Santa el análisis de la solicitud de desafuero contra el senador y dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas, acusado por la Fiscalía Anticorrupción de Campeche de un presunto peculado y ejercicio indebido del servicio público por 83 millones de pesos. El diputado Hugo Eric Flores, presidente de dicho órgano, confirmó que la sección instructora tiene que sesionar antes de que termine el periodo de sesiones ordinarias, probablemente después del descanso festivo, con el objetivo de no entorpecer la discusión de la reforma electoral conocida como ‘Plan B’.
La acusación formal presentada por la Fiscalía Anticorrupción de Campeche marca el inicio de un proceso jurídico-legislativo que busca retirar la inmunidad constitucional al priista para que pueda ser procesado penalmente. Este procedimiento se suma a un historial de cuestionamientos administrativos sobre su gestión como gobernador de Campeche, cargo que ocupó del 15 de septiembre de 2015 al 13 de junio de 2019, periodo que dejó inconcluso para competir por la dirigencia de su partido.
Paralelamente al proceso de desafuero, persisten señalamientos sobre irregularidades de mayor magnitud detectadas por la Auditoría Superior de la Federación (ASF). Durante el ejercicio de recursos federales de 2018, la ASF identificó posibles desvíos o falta de aclaración por 3 mil 435 millones de pesos, lo que representó la mayor cantidad de irregularidades registradas en la administración de Moreno. Sin embargo, datos obtenidos por la organización Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) revelan que en enero de 2022, tres años después de que dejó la gubernatura, todavía estaban pendientes por solventar 3 mil 387 millones de pesos, es decir, el 98 por ciento del total de las observaciones de ese año.
A pesar de la magnitud de los pendientes reportados en 2022, en 2024 aparecieron justificados gran parte de esos recursos, lo que ha generado críticas sobre la gestión de la ASF bajo la dirección de David Colmenares. Según el análisis de MCCI, la gestión fue ‘muy benévola’ con el priista, pues le fueron perdonadas cuentas pendientes. Algunas de estas observaciones pasaron por la Dirección General de Seguimiento C de la Auditoría Superior, la cual fue encabezada por Ricardo Gabriel López Ruiz, un colaborador cercano a Pablo Angulo Briseño, exdiputado del PRI que presidió la Comisión de Vigilancia de la ASF y es considerado uno de los aliados más cercanos de Alejandro Moreno.
La controversia abarca dos frentes distintos: uno jurídico, centrado en los 83 millones de pesos que motivan la solicitud de desafuero actual, y otro administrativo-contable, relacionado con los más de 3 mil 400 millones de pesos observados inicialmente y posteriormente solventados o perdonados en su mayoría. La organización MCCI destacó que la base de datos de la plataforma pública de la ASF mostraba la persistencia de estos montos hasta hace apenas cuatro años, antes de su reciente justificación.
El proceso de desafuero se encuentra en una etapa crítica donde la decisión de la Comisión Instructora determinará si Alejandro Moreno pierde su fuero constitucional. Mientras los legisladores de Morena han enfrentado críticas por ser ‘permisivos’ o ‘cómplices’ al no haber avanzado antes con esta solicitud, la presión política se mantiene latente. La expectativa es que la sesión programada para después de Semana Santa marque un punto de inflexión en el caso, definiendo el futuro inmediato del líder tricolor frente a las acusaciones de corrupción que lo persiguen desde su salida del gobierno de Campeche.
