Matamoros, 02 de abril de 2026.- La familia de Thalía exige justicia y reparación del daño a la empresa ENGIE al cumplirse mil días de la explosión ocurrida la mañana del 29 de junio de 2023, la cual dejó a la joven con quemaduras en el 70% de su cuerpo, amputaciones en todos sus dedos y secuelas irreparables en su salud.
La víctima sufrió el siniestro cuando entraba a un departamento que apenas iba a habitar. La explosión fue provocada por la acumulación de gas natural derivada de una fuga en la calle que migró hacia el drenaje y subió hasta el baño. Peritajes realizados indican que la empresa ENGIE es responsable del siniestro.
Desde el día del evento, personal de investigación junto a la Fiscalía Estatal de Tamaulipas y técnicos de ENGIE inspeccionaron el inmueble. Mediante aparatos especializados se detectó gas natural en el registro del drenaje con niveles de explosividad altamente peligrosos. Aunque los directivos de ENGIE en Matamoros fueron notificados y se les solicitó revisar la fuga y asistir a las víctimas, la empresa de origen francés optó por no acatar la solicitud y negó lo ocurrido.
En diciembre de 2024, un peritaje descubrió tuberías de gas a una distancia indebida del drenaje, concluyendo que la explosión fue causada por el gas natural del ducto. A pesar de esto, la familia denuncia que no existe reparación del daño ni sanciones contra la empresa, mientras acumulan deudas de casi 2 millones de dólares. Thalía ha tenido que someterse a más de 20 cirugías.
En estos mil días, abogados de ENGIE sostuvieron tres reuniones con la víctima y sus familiares. Una fue para dar formalidad a la comunicación, otra solicitada por la empresa para amenazar a la familia y exigirles no hablar del caso en medios o redes sociales, y una tercera para ejercer lo que describen como gaslighting corporativo, negando argumentos pese a las evidencias y revictimizando a Thalía.
Existe una carpeta de investigación abierta ante la Fiscalía del Estado de Tamaulipas con avances significativos, pero con retrasos burocráticos que, según la familia, han permitido que directivos de la empresa acusada abandonen el país. Por otro lado, la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente (ASEA) cuenta en sus oficinas con denuncias por episodios de fugas y explosiones con dictámenes en contra de la empresa regulada, pero no ha aplicado multas por dichas irregularidades ocurridas en los últimos cinco años.
