Tijuana, 09 de junio de 2026.- La Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Baja California (CEDHBC) advirtió que los traslados sin consentimiento a centros de rehabilitación podrían constituir una privación ilegal de la libertad. Jorge Álvaro Ochoa, presidente del organismo, afirmó que “ahora la gente se tiene que cuidar de la policía por una detención arbitraria y también de las personas que están deteniendo en nombre de Jesús o Dios”.
Ochoa sostuvo que cuando una persona es trasladada sin su consentimiento podría configurarse dicho delito. “Cuando vemos esos videos, se presume que estamos ante un delito de privación ilegal de la libertad. Cuando una persona no quiere ir a un lado, cuando no otorga su consentimiento, se encuadra perfectamente que lo están privando de su libertad”, declaró el funcionario.
La comisión da seguimiento al caso de Karime, una mujer transgénero que fue “levantada” y anexada por personal de la Clínica Jireh, hecho documentado en un video difundido en redes sociales. La CEDHBC abrió un expediente tras hacerse públicos los materiales debido a la posible afectación a su integridad y emitió medidas cautelares en menos de 24 horas para salvaguardar sus derechos.
Respecto a la normativa federal, Ochoa explicó que existen internamientos voluntarios, involuntarios y obligatorios, cada uno con procedimientos específicos. Para un internamiento involuntario, indicó que “debe existir un certificado médico que establezca una adicción y también el consentimiento de padres, madres o tutores”. En cuanto a los obligatorios, debe existir una orden de autoridad. “No puedes empezar introduciéndolo y luego ir a pedir autorización”, enfatizó.
La CEDHBC ha brindado acompañamiento a personas que denunciaron haber sido internadas sin su consentimiento o sufrir violencia dentro de centros de rehabilitación, apoyándolas para presentar denuncias ante el Ministerio Público. Ochoa mencionó que “llegó una víctima hace poco más de un mes y medio que manifestó haber estado internada en este lugar y haber sufrido violencia en su contra. Se abrió un folio y se le dio acompañamiento ante el Ministerio Público para presentar la denuncia”.
Actualmente, la comisión está pidiendo información a las autoridades y realizó una reunión con funcionarios estatales para llevar a cabo capacitaciones en los centros de rehabilitación. Jorge Álvaro Ochoa consideró “extraño” que este tipo de hechos ocurran en espacios públicos sin la presencia de autoridades, particularmente cuando existen antecedentes de detenciones similares.
