Por Redacción
Ciudad De México, 19 de marzo de 2026.- Especialistas e investigadores del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) preparan denuncias formales contra exdirectores y funcionarios actuales de la institución, a quienes acusan de autorizar intervenciones irregulares que derivaron en daños al patrimonio arqueológico durante la construcción del Tren Maya. Las acusaciones, calificadas como posibles “crímenes de lesa arqueología”, se centran en el proyecto de los “parques de la memoria”, específicamente en el parque Balam Tun, donde se alega la destrucción y reubicación indebida de estructuras mayas.
De acuerdo con los denunciantes, las acciones legales se dirigirán inicialmente contra Diego Prieto, exdirector general del INAH, por haber respaldado decisiones vinculadas a estos proyectos de desarrollo. También están señalados funcionarios en activo, como Margarito Molina, director del Centro INAH en Quintana Roo, Manuel Pérez Rivas, encargado del salvamento arqueológico del Tren Maya, y miembros del Consejo de Arqueología que habrían autorizado dichas intervenciones. Jesús E. Sánchez, arqueólogo del instituto, informó que la presentación formal de las denuncias dependerá de la aprobación de la asamblea general del Sindicato Nacional de Profesores de Investigación Científica y Docencia, programada para este 19 de marzo.
El núcleo de la controversia reside en el manejo de los vestigios en el parque Balam Tun y otros sitios en Campeche, Xpujil y Chetumal. Fernando Cortés de Brasdefer, otro especialista involucrado, afirmó que lo ocurrido en Balam Tun constituye una mutilación del objeto de estudio, pues se utilizó incorrectamente el concepto de reconstrucción para justificar el desmantelamiento y recombinación de piezas. Según los expertos, 47 monumentos mayas en Chetumal fueron supuestamente restaurados tras ser retirados de su contexto original, lo que anula su valor histórico y científico, mientras que 36 monumentos fueron reubicados en el parque mencionado.
Las cifras presentadas por los arqueólogos son contundentes respecto al impacto general: se estima que más de 62,000 estructuras mayas no han sido recuperadas adecuadamente hasta 2026. Los denunciantes sostienen que estas acciones se realizaron bajo el argumento de proyectos de desarrollo turístico, priorizando la obra sobre la preservación integral del contexto arqueológico. La Comisión de Protección y Legislación del Patrimonio Arqueológico del INAH ha sido la voz principal en la exposición pública realizada el 17 de marzo, donde se detallaron las irregularidades.
Este conflicto interno marca un precedente grave dentro de la comunidad científica mexicana, ya que son los propios protectores del patrimonio quienes alzan la voz contra las autoridades que deberían garantizar su custodia. La expectativa es que, una vez obtenido el consenso en la asamblea sindical, se inicien los procedimientos legales ante las autoridades competentes para determinar las responsabilidades administrativas y penales de los funcionarios señalados.
La situación pone a prueba la transparencia y el compromiso institucional del INAH frente a las grandes obras de infraestructura del gobierno federal. Mientras la institución ha defendido anteriormente sus procesos de salvamento ante críticas internacionales, estas denuncias provenientes de su propio cuerpo de investigadores sugieren una fractura profunda en la metodología de protección del patrimonio durante la ejecución del Tren Maya.
