Por Redacción
Ciudad de Mexico, 18 de marzo de 2026.- La administración del presidente Donald Trump intensificó sus políticas migratorias con la construcción acelerada de un muro en la frontera con México y el retiro del jefe de la Patrulla Fronteriza, Gregory M. Bovino, mientras se investiga la muerte de un solicitante de asilo afgano bajo custodia de autoridades estadounidenses. Los hechos ocurrieron entre el 13 y 17 de marzo en Texas, Minnesota y Washington D.C., donde se desarrollaron audiencias congresionales sobre el despliegue militar en procesos electorales.
El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) confirmó una inversión aproximada de 4,500 millones de dólares para reforzar la frontera, con un proyecto de 230 millas (370 kilómetros) de barrera, incluyendo 110 kilómetros entre El Paso, Texas, y Ciudad Juárez, Chihuahua. La obra forma parte de la estrategia de seguridad nacional que prioriza el control migratorio.
En medio de estas acciones, Mohammad Nazeer Paktiawal, solicitante de asilo afgano, falleció bajo custodia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en Texas. Las autoridades reportaron que comenzó con dificultad respiratoria la noche de su detención, pero no se ha confirmado la causa oficial de muerte ni los resultados de la investigación interna del DHS.
Paralelamente, el gobierno estadounidense anunció el retiro de Gregory M. Bovino como jefe de la Patrulla Fronteriza, sin especificar si fue voluntario o forzado. Bovino había supervisado operativos migratorios donde fallecieron dos ciudadanos estadounidenses en Minneapolis, Minnesota, aunque no se aclararon las circunstancias exactas de estas muertes.
En audiencias congresionales, el secretario asistente Joseph M. Humire evitó confirmar si Trump ordenaría despliegue militar en elecciones, mientras generales del Comando Norte y Sur aseguraron que no acatarían órdenes ilegales. Estas declaraciones reflejan tensiones internas sobre el uso de fuerzas armadas en seguridad doméstica.
El contexto migratorio se complejiza con la presencia de aproximadamente 38.8 millones de personas de origen mexicano en Estados Unidos, cuya representación política y derechos podrían verse afectados por las nuevas medidas. Analistas prevén que las políticas restrictivas continuarán generando controversia bilateral y desafíos humanitarios en la frontera.
