Por Redacción
La Judicatura), 18 de marzo de 2026.- Una jueza federal ordenó reabrir por tres meses la investigación penal contra el exvicealmirante Manuel Roberto Farías Laguna, acusado de liderar una organización criminal dedicada al contrabando de combustible, conocido como “huachicol fiscal”. La magistrada Mariana Vieyra Valdés, del Centro de Justicia Penal Federal, tomó la decisión tras determinar que la Fiscalía General de la República (FGR) vulneró el derecho de defensa del imputado al negarse, de forma reiterada, a entregar la totalidad de la carpeta de investigación. Farías Laguna se encuentra recluido en el penal del Altiplano.
La resolución, emitida en marzo de 2026 dentro de la causa penal 325/2025, otorga a la FGR un nuevo plazo para realizar una investigación complementaria. La defensa del exmilitar, a cargo del despacho Epigmenio Mendieta, argumentó que sin acceso completo al expediente no podía preparar una defensa adecuada. Previamente, la fiscalía ya había incumplido un plazo de cinco días para facilitar los documentos, lo que llevó a la jueza a amparar al acusado y ordenar la reapertura del caso.
Manuel Farías Laguna está acusado de operar desde la Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM) una red de contrabando de diésel, presuntamente vinculada a la organización “Los Primos”. Uno de los hechos centrales del caso es el decomiso de 10 millones de litros de ese combustible en Tamaulipas, ocurrido en marzo de 2025. Su hermano, el contraalmirante Fernando Farías Laguna, también señalado en la investigación, se encuentra prófugo.
El caso ha cobrado relevancia por involucrar a un exalto mando de la Secretaría de Marina y por las presuntas ramificaciones de la red criminal dentro de una institución aduanera. La defensa del imputado incluso ha llevado el caso a instancias políticas, enviando una carta a la presidenta Claudia Sheinbaum en la que alega violaciones procesales, aunque los detalles específicos de estas quejas no han sido divulgados públicamente.
Con la nueva orden judicial, la FGR tiene la oportunidad de integrar la investigación complementaria, pero bajo la supervisión de la jueza y con la obligación de garantizar el acceso de la defensa a las pruebas. El desarrollo de este proceso en los próximos tres meses será crucial para definir el futuro jurídico del exvicealmirante y podría revelar más detalles sobre la operación de la presunta organización criminal dentro de las estructuras de gobierno.
