Ciudad De México, 24 de marzo de 2026.- El exgobernador de Baja California, Jaime Bonilla Valdez, fue vinculado a proceso por delitos relacionados con el proyecto Next Energy, tras una audiencia que se extendió por casi 24 horas y que inició el 23 de marzo. La resolución fue emitida por el juez Gerardo Anguiano Ceja en la Ciudad de México, donde se fijó una garantía económica de alrededor de 100 mil pesos y se estableció un plazo de seis meses para la investigación complementaria.
La Fiscalía General del Estado de Baja California acusa al exfuncionario de cometer irregularidades durante su gestión que derivaron en un daño al erario estatal. El caso se centra en un contrato para la construcción de una planta fotovoltaica en Mexicali que nunca se llevó a cabo, pero que comprometía pagos mensuales de 123 millones de pesos por un periodo de 30 años.
En su defensa, Bonilla Valdez argumentó que los pagos vinculados al proyecto se realizaron entre enero y febrero de 2022, periodo en el cual él ya no se encontraba en funciones como gobernador. Asimismo, sostuvo que su administración únicamente tenía la obligación de pagar por un servicio y no de construir la infraestructura de la planta, contradiciendo las acusaciones que señalan responsabilidades en los permisos y compromisos financieros adquiridos.
Las contradicciones entre la postura del acusado y los argumentos de la Fiscalía destacan la discrepancia sobre el momento de los hechos y la naturaleza de las obligaciones contraídas. Mientras la autoridad investigadora mantiene que los delitos se cometieron durante la gestión de Bonilla, el exgobernador insiste en que las transacciones ocurrieron posterior a su salida del cargo.
Jaime Bonilla Valdez, quien gobernó Baja California de 2019 a 2021 y actualmente funge como dirigente estatal del Partido del Trabajo (PT), enfrenta ahora un proceso legal que podría determinar su situación jurídica en los próximos meses. La audiencia concluyó con la imposición de medidas cautelares y la apertura de un periodo de investigación donde se deberán presentar pruebas específicas sobre el caso.
El avance del proceso judicial ocurre en un contexto de escrutinio sobre la administración pasada de Baja California, donde la gobernadora Marina del Pilar Ávila Olmeda ha mantenido una postura de colaboración con las autoridades federales y estatales para esclarecer los hechos. Se espera que en los siguientes seis meses la Fiscalía presente los elementos probatorios detallados que sustenten la acusación formal.
