Por Redacción
Ciudad De México, 20 de marzo de 2026.- La jueza Nora Ileana García Peralta vinculó a proceso a Blanca María del Rocío Estrada Ortega, ex subprocuradora de Justicia de Guerrero, y a otra exfuncionaria identificada solo como Margarita A., en relación con las investigaciones sobre la desaparición forzada de los 43 normalistas de Ayotzinapa ocurrida en 2014. La decisión judicial establece un plazo de dos meses para la investigación y dictó prisión preventiva oficiosa para Estrada Ortega, quien será trasladada al penal de Santa Martha Acatitla.
La resolución se emitió en la Ciudad de México el 19 de marzo de 2026, tras la presentación de las imputaciones por parte de la Fiscalía General de la República (FGR). Aunque las fuentes consultadas presentan discrepancias sobre la tipificación exacta de los delitos, se menciona que la vinculación incluye aspectos relacionados con la posesión de cartuchos de arma de fuego y medicamentos controlados, así como posibles delitos contra la salud. Existe también referencia a la investigación por la pérdida, ocultamiento o destrucción de videos de las cámaras de seguridad del Palacio de Justicia de Iguala, elementos clave en el caso de los estudiantes desaparecidos.
Blanca María del Rocío Estrada Ortega ocupó el cargo de subprocuradora en el estado de Guerrero, entidad donde se originó el caso Ayotzinapa. La medida cautelar de prisión preventiva fue determinada por la autoridad judicial al considerar la gravedad de los hechos y el riesgo de obstaculización de la justicia. Por su parte, la situación procesal de la segunda implicada, Margarita A., se mantiene bajo el mismo contexto de investigación federal, aunque no se han detallado públicamente las medidas cautelares específicas para esta última en los reportes disponibles.
El caso Ayotzinapa, que conmemora la desaparición de 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos en septiembre de 2014 en Iguala, Guerrero, continúa siendo uno de los temas de mayor relevancia para la justicia mexicana. La intervención de la FGR y la reciente vinculación a proceso de exfuncionarias locales marca un nuevo capítulo en la búsqueda de verdad y justicia para las víctimas y sus familias, extendiendo la responsabilidad penal a actores que participaron en las instancias de procuración de justicia de la época.
Con la vinculación a proceso formalizada, la investigación entrará ahora en una fase crítica de dos meses, periodo durante el cual la fiscalía deberá recabar y presentar las pruebas necesarias para sustentar las acusaciones. La sociedad mexicana y los colectivos de búsqueda mantienen la expectativa de que estos avances judiciales contribuyan a esclarecer los hechos de hace más de una década y a determinar la participación de todas las autoridades involucradas en la cadena de impunidad que ha caracterizado al caso.
