Tijuana, 02 de abril de 2026.- El juez de control Joel Chávez Castro determinó prisión preventiva oficiosa y justificada contra los abogados Christian Pablo López Ortiz y Emmanuel Aurelio Valdez López, acusados de despojo de inmuebles en el fraccionamiento Laderas del Mar, extorsión agravada y asociación delictuosa.
El juez vinculó a proceso a los acusados al considerar que existen indicios razonados de que se cometieron los delitos y otorgó a la Fiscalía General del Estado (FGE) seis meses de plazo para la investigación complementaria.
Según testigos, en el periodo del 24 de julio de 2025 al 15 de marzo de 2026 sujetos armados ocuparon 40 unidades en obra negra y 11 viviendas ya terminadas del fraccionamiento, donde entre los ocupantes se encontraban los dos imputados utilizando vehículos de lujo.
El ofendido recibió amenazas de parte de Emmanuel, quien después de haberse acercado presencialmente a la víctima en una ocasión, le llamó telefónicamente en varias ocasiones. El juez Joel Chávez Castro señaló: “Que hubiese muerto el administrador de la empresa no es impedimento para que la investigación hubiera iniciado”.
En Coahuila, el secretario general de Gobierno, Óscar Pimentel González, informó que el gobierno estatal mantiene comunicación con la Fiscalía General de la República (FGR) para que apoye en la expedición de una ficha roja. La Interpol realizaría la detención del extitular de la Notaría Pública Número 45, Fernando Nicolás ‘N’, señalado por su participación en un fraude inmobiliario.
Fernando Nicolás ‘N’ aparentemente está en España. Como resultado de las investigaciones, otros cómplices también fueron detenidos por la Fiscalía General del Estado de Coahuila y al exnotario se le retiró el fiat debido a irregularidades detectadas.
Un grupo de 27 afectados denuncian un daño patrimonial cercano a los 19 millones de pesos. Óscar Pimentel González declaró: “Gracias a eso nos pudimos dar cuenta de las irregularidades y se le retiró el fiat, el gobernador Manolo Jiménez tiene claro que no se pueden permitir irregularidades por parte de los notarios públicos”.
Se espera que antes del 15 de abril de 2026 se resuelva la restitución del daño patrimonial para los afectados por el fraude en Coahuila.
