TEPJF absuelve a Pío López Obrador de acusaciones por aportaciones ilegales en 2018

Por Redacción

Ciudad De México, 20 de marzo de 2026.- La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) absolvió a Pío Lorenzo López Obrador de las acusaciones por presuntas aportaciones ilegales a la campaña presidencial de Andrés Manuel López Obrador en 2018. La resolución, emitida el 18 de marzo, pone fin al litigio iniciado en agosto de 2020 a partir de quejas presentadas por el PAN y el PRD en contra de Morena, Pío López Obrador y David León.

El origen del caso se centró en un video donde aparecía el hermano del entonces candidato recibiendo dinero, material que fue utilizado como prueba principal por los partidos opositores. Sin embargo, el tribunal determinó que las conversaciones privadas, incluyendo mensajes de WhatsApp, no constituyen pruebas válidas en los juicios electorales, lo cual fue determinante para el cierre del expediente.

En el proceso, la magistrada Mónica Soto presentó un proyecto de sentencia que condujo a la decisión final de la Sala Superior. Pío Lorenzo López Obrador señaló que los periciales de la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales mostraron alteraciones en los videos presentados como evidencia, aunque el contenido específico de dichos periciales no fue detallado en la resolución pública disponible.

Con esta determinación, el TEPJF no solo resuelve la situación jurídica de Pío López Obrador, sino que establece un precedente sobre la admisibilidad de pruebas en materia electoral, excluyendo explícitamente las comunicaciones privadas de los ciudadanos como elementos probatorios. El caso también incluyó una discusión sobre violencia política de género que fue cerrada junto con la acusación principal.

La absolución llega en un contexto donde anteriormente se habían discutido la naturaleza de las contribuciones a la campaña de 2018. Aunque no se incluye una declaración oficial reciente de Andrés Manuel López Obrador sobre este fallo específico, la resolución del tribunal marca el fin de una controversia que ha estado activa durante casi seis años en las instancias electorales del país.

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