Por Redacción
Ciudad De México, 23 de marzo de 2026.- A 32 años del asesinato del candidato presidencial Luis Donaldo Colosio Murrieta, ocurrido el 23 de marzo de 1994 en Tijuana, ha surgido una solicitud de indulto dirigida a la presidenta Claudia Sheinbaum para Mario Aburto, quien permanece en prisión a pesar de haber cumplido su condena. El planteamiento se enmarca en un debate público persistente sobre las circunstancias del crimen y la existencia de posibles responsables más allá de la versión oficial.
La petición de liberación para el sentenciado como autor material del atentado coincide con el aniversario luctuoso del político sonorense, reavivando la discusión sobre la autoría intelectual del homicidio. Aunque la justicia determinó que Aburto actuó solo, múltiples teorías continúan circulando apuntando a un complot o la participación de terceros, manteniendo abierta la controversia sobre los hechos de aquella campaña electoral.
Entre las discrepancias que alimentan el escepticismo hacia la narrativa oficial destaca la contradicción sobre el número de disparos. Mientras algunas fuentes citan documentales que afirman la existencia de dos balazos, testimonios de columnistas que estuvieron presentes sostienen que únicamente se escuchó una detonación, lo que genera dudas sobre la reconstrucción de los hechos.
El estatus legal actual de Mario Aburto es objeto de atención, pues se encuentra recluido aun cuando su pena ya fue cumplida, situación que motiva la solicitud de indulto presentada ante el gobierno federal. Sin embargo, no se ha detallado la fecha exacta en que se formalizó la petición ni se conoce la posición o respuesta oficial de la presidenta Claudia Sheinbaum respecto a esta demanda.
La figura de Luis Donaldo Colosio Riojas, senador y hijo del candidato asesinado, aparece vinculada al contexto de los involucrados en este tema, aunque la investigación no especifica declaraciones concretas de su parte sobre la solicitud de gracia penal. La persistencia de estas interrogantes mantiene vivo el debate político y social a más de tres décadas del magnicidio.
Este episodio se desarrolla en un clima de cuestionamientos hacia la verdad histórica del caso, donde la falta de claridad sobre la procedencia y autoría de ciertos materiales audiovisuales que circulan como evidencia añade complejidad al análisis público. La solicitud de indulto pone a prueba la voluntad del ejecutivo federal de cerrar o reabrir las heridas de uno de los crímenes más emblemáticos de la historia contemporánea de México.
