Por Redacción
La República., 17 de marzo de 2026.- La presidenta Claudia Sheinbaum anunció el envío al Senado de la República de su “Plan B” de reforma electoral, una propuesta enfocada en medidas de austeridad y recortes presupuestales que surge tras el rechazo de su iniciativa de reforma constitucional en la Cámara de Diputados. La iniciativa, presentada durante la conferencia “La Mañanera del Pueblo” desde Palacio Nacional, contempla reducir las regidurías municipales, limitar el gasto de los congresos locales y mantener la elección popular de juzgadores del Poder Judicial para el año 2027.
La secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, detalló que el plan incluye un tope máximo de 15 regidores por ayuntamiento y un mínimo de 7, así como un límite presupuestal para los congresos estatales del 0.7% del gasto total de cada entidad. Además, plantea una reducción progresiva de hasta el 15% en los gastos operativos del Senado de la República. Uno de los puntos más relevantes es la confirmación de que en 2027 se elegirán por voto popular 850 juzgadores, un tema que había generado debate sobre su posible postergación.
El anuncio se produce en el contexto de la política de “austeridad republicana” promovida por el gobierno de la Cuarta Transformación y representa un replanteamiento tras el fracaso legislativo de la reforma constitucional original, que buscaba, entre otros cambios, reducir el número de legisladores plurinominales y modificar el financiamiento a los partidos políticos. La nueva propuesta se centra en aspectos donde se percibe mayor posibilidad de consenso o que no requieren modificar la Carta Magna.
La inclusión de la revocación de mandato para el ciclo electoral de 2027 generó una reacción inmediata de la oposición. Jorge Álvarez Máynez, dirigente nacional de Movimiento Ciudadano, calificó la medida como un “golpe bajo” y una maniobra política, argumentando que busca condicionar el proceso electoral de ese año. Esta postura anticipa un debate político intenso en el Senado, donde la iniciativa deberá ser discutida y votada.
Hasta el momento, se desconoce el monto específico de ahorro que proyecta el gobierno con estas medidas, así como la postura detallada de otros partidos con representación en el Congreso. El Plan B electoral de Sheinbaum marca así el inicio de una nueva etapa en la discusión sobre la reestructuración del gasto político en México, en un año donde la austeridad y la eficiencia administrativa se perfilan como ejes centrales del discurso oficial.
