Ciudad De México, 07 de abril de 2026.- Juan Pablo Albán, presidente del Comité contra la Desaparición Forzada (CED) de la ONU, rechazó las descalificaciones del Gobierno de México sobre su último informe, mientras que Kenia López Rabadán, presidenta de la Cámara de Diputados, criticó el rechazo del gobierno federal al documento.
El gobierno mexicano calificó el informe de la ONU como ‘tendencioso’ y sesgado. Ante esto, Juan Pablo Albán señaló que el desacuerdo es legítimo, pero la descalificación es cuestionable. Albán declaró: “El desacuerdo es legítimo, pero la descalificación es cuestionable.”
El gobierno mexicano sostuvo que la resolución se basaba solamente en casos anteriores a 2017, afirmación que Juan Pablo Albán rechazó. El Comité considera que el número de personas desaparecidas registradas, más de 132,400 al 19 de febrero de 2026, y su constante aumento son en sí mismos indicios de la magnitud del fenómeno a nivel nacional.
Kenia López Rabadán advirtió que el Comité ha encontrado indicios fundados de que se cometen desapariciones como crímenes de lesa humanidad. La legisladora manifestó que hoy más de 130 mil personas están desaparecidas en México y detalló que hay 72 mil restos humanos sin identificar, 20 mil más desde que vino el Comité en 2021.
Sobre la crisis forense, Kenia López Rabadán dijo que se han encontrado más de 4 mil 500 fosas clandestinas. La presidenta de la Cámara de Diputados afirmó que el informe de la ONU es una oportunidad de ayuda y agregó: “Y México reciba cooperación técnica, apoyo financiero y asistencia especializada en esta materia.”
Kenia López Rabadán alertó que hay indicios de desapariciones como crímenes de lesa humanidad, al ocurrir de forma sistemática, y advirtió que “México no puede convertirse en referente internacional en desapariciones”. Por su parte, la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México (CDHCM) respalda la postura federal de las desapariciones ante el informe de la ONU.
María Dolores González, presidenta de la CDHCM, reconoció que el informe de la ONU tiene fallas metodológicas. González destacó que el informe deja claro que no hay evidencia para pensar que el gobierno de México tenga una política deliberada, ya sea por acción u omisión, para cometer desapariciones.
