Ciudad De México, 28 de mayo de 2026.- El diputado Arturo Ávila presentó una queja ante el Instituto Nacional Electoral (INE) contra la alcaldesa de Cuauhtémoc, Alessandra Rojo de la Vega, por presunto uso indebido de recursos públicos y promoción personalizada.
Ávila señaló que la conducta denunciada vulnera el artículo 134 constitucional por propaganda con promoción personalizada. Afirmó que los hechos son graves y constituyen una violación constitucional clara, al tratarse de promoción personalizada en propaganda de obras y programas públicos.
El diputado acusó a la alcaldesa de Cuauhtémoc de usar su cargo para posicionar su imagen con fines político-electorales y pidió frenar la precampaña anticipada. Durante la presentación, Arturo Ávila exhibió imágenes de propaganda en la alcaldía que, aseguró, acreditan promoción personalizada.
“Lo que estamos viendo es a una funcionaria pública más preocupada por su promoción personal que por resolver las demandas básicas de la ciudadanía”, declaró Arturo Ávila. El legislador exigió al INE actuar con firmeza, ordenar el retiro del material y garantizar que no se usen recursos públicos para fines electorales anticipados de inmediato.
Por otro lado, Luisa Alcalde, consejera jurídica de la presidencia, detalló cuál sería la función de la comisión del Instituto Nacional Electoral en la verificación de candidaturas para bloquear al crimen organizado. Explicó que esta medida será una ayuda a los partidos para que puedan detectar si sus aspirantes tienen vínculos delictivos antes de definir sus postulaciones.
Luisa Alcalde explicó cómo operaría la comisión del INE para verificar candidaturas, reiterando que este órgano no será quien investigue a los aspirantes, sino que será el vínculo entre instituciones. Parte de la propuesta es la creación de la Comisión de Verificación de Integridad de Candidaturas del INE, que recibirá las solicitudes de los partidos políticos para investigar a sus posibles candidatos.
Según explicó Luisa Alcalde, cada partido político decidirá si someter a su aspirante a investigación, la comisión del INE recibe la solicitud y solicitará la indagación a instituciones como: Unidad de Inteligencia Financiera, Fiscalía General de la República, Comisión Nacional Bancaria y de Valores, Centro Nacional de Inteligencia. Estas instituciones entregarán el reporte sobre si el posible candidato tiene ‘riesgo razonable’ o no de vínculos con la delincuencia y el INE le pasará toda la información a los partidos políticos.
A partir de lo dictaminado, serán los partidos políticos quienes decidan si postulan o no a esa persona. Los partidos pueden o no someterlos a la herramienta, ya que el proceso es voluntario. Luisa Alcalde aclaró que el INE no emitirá juicios propios ni tendrá facultades para impedir candidaturas, por lo que sólo operará como receptor y facilitador de la información.
