Ciudad De México, 02 de abril de 2026.- El Comité contra la Desaparición Forzada (CED) de la ONU decidió elevar con carácter urgente la situación de México ante la Asamblea General, tras activar el artículo 34 de la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas. El organismo solicitó al secretario general de la ONU, António Guterres, que remita el caso para que se consideren medidas destinadas a apoyar al Estado en la prevención, investigación, castigo y erradicación de la problemática.
El CED concluyó que la información recibida contiene indicios fundados de que en México se han cometido y se siguen cometiendo desapariciones forzadas como crímenes de lesa humanidad. Juan Albán-Alencastro, presidente del comité, subrayó que lo que define este tipo de crimen es el patrón de los ataques contra la población civil, independientemente de si son orquestados desde las altas esferas del gobierno. Como prueba de la gravedad, el comité citó el hallazgo continuo de fosas comunes clandestinas, con más de 6,200 cadáveres y 76,000 restos humanos localizados, la mayoría sin identificar.
Ante esta resolución, la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) de México rechazó categóricamente el informe, calificándolo de tendencioso y sesgado. Las autoridades mexicanas argumentaron que el documento ignora las actualizaciones y análisis presentados por la administración actual, incluyendo información entregada el 27 de marzo. La SRE afirmó que el marco del CED no corresponde a la realidad del país y declaró: “El Gobierno de México no tolera, permite ni ordena desapariciones forzadas”.
El gobierno federal sostuvo que el informe se basa principalmente en hechos ocurridos entre 2009 y 2017, durante los sexenios de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto, y que su análisis es parcial al circunscribirse a solo cuatro de los 32 estados de la República. Además, las autoridades señalaron que el propio CED admite en su resolución que no hay indicios de una política federal para cometer ataques sistemáticos. México aseguró que al menos uno de los integrantes del comité trabajó para organizaciones que han denunciado al Estado mexicano.
En contraste con la postura gubernamental, Santiago Corcuera, expresidente del CED, consideró deplorable la respuesta del Estado mexicano y lamentó que “no se aprovecha la oportunidad de reconocer la dimensión del problema”. Corcuera explicó que la definición utilizada por el comité es un estándar consolidado en el derecho internacional y que la responsabilidad del Estado abarca todos los órdenes de gobierno. Por su parte, el CED señaló que, a pesar de las medidas adoptadas desde su visita en 2021, la situación no ha mostrado una mejora sustancial y que las autoridades siguen desbordadas por la magnitud de la crisis.
El Gobierno de México reiteró su disposición a la cooperación técnica internacional, pero advirtió que no aceptará premisas que no reflejen la transformación institucional lograda en el último año. Las autoridades destacaron reformas clave implementadas en julio de 2025, como la creación de una Alerta Nacional de Búsqueda y el fortalecimiento del Banco Nacional de Datos Forenses, elementos que, según la SRE, fueron omitidos en el diagnóstico de la ONU.
