Nuevo Laredo, 14 de abril de 2026.- La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos designó este 14 de abril de 2026 a seis objetivos vinculados al Cártel del Noreste (CDN), entre los que se incluyen dos casinos, una empresa operadora y tres personas físicas acusadas de facilitar operaciones ilícitas en Tamaulipas.
Entre los establecimientos sancionados figura el Casino Centenario, ubicado a menos de cuatro kilómetros de la línea fronteriza en Nuevo Laredo, el cual es operado por Comercializadora y Arrendadora de México, S.A. de C.V. (CAMSA). Según la OFAC, este inmueble es utilizado por el CDN como bodega para pastillas de fentanilo y cocaína, vehículo para el lavado de recursos ilícitos y espacio para torturas e intimidación de presuntos enemigos del cártel. La misma empresa CAMSA opera el Diamante Casino con sede en Tampico y un sitio de apuestas en línea bajo el mismo nombre.
Las sanciones personales alcanzaron a Eduardo Javier Islas Valdez, alias ‘Crosty’, señalado como responsable de las operaciones de tráfico de personas del CDN en Nuevo Laredo. La investigación indica que Islas Valdez supervisa a los llamados ‘pateros’, otorga permisos para el cruce de migrantes por el río Bravo hacia Texas y controla casas de almacenamiento de efectivo en la ciudad fronteriza. Fue identificado como asociado cercano de Abdón Federico Rodríguez García, segundo al mando del CDN, quien fue designado por la OFAC en agosto de 2025.
También fue designado Juan Pablo Penilla Rodríguez, abogado defensor al que el Departamento del Tesoro acusa de prestar “servicios ilegales a miembros del Cártel del Noreste (CDN) más allá del alcance de una relación normal de cliente – abogado”. Penilla Rodríguez representa a Miguel Ángel Treviño Morales, alias ‘Z-40’, actualmente bajo custodia de Estados Unidos. En documentos del Gobierno de Tamaulipas apareció como asesor honorífico del gobernador Américo Villarreal; sin embargo, autoridades estatales indicaron que “el documento que se expidió en su momento quedó anulado tras una valoración de las propuestas de las organizaciones civiles como consta en el Periódico Oficial del Estado”.
La acción incluyó a Jesús Reymundo Ramos Vázquez, descrito por la OFAC como un asociado del CDN que lidera campañas de desinformación contra autoridades mexicanas mientras posa como activista de derechos humanos. El departamento estadounidense afirmó que “bajo el disfraz de activismo, Ramos solo litiga para miembros violentos del cartel por reclamos falsos contra militares mexicanos, pagando individuos para ir a protestas, y proteger reputaciones de miembros del CDN caídos o arrestados”.
En respuesta, la Secretaría de Hacienda en México, a través de la Unidad de Investigación Financiera (UIF), informó que ha realizado el análisis financiero, fiscal y corporativo de los sujetos señalados. La dependencia detectó inconsistencias entre los montos operados y los ingresos reportados, así como movimientos significativos de recursos en efectivo que no corresponden con la actividad económica declarada. La UIF presentó denuncias ante la Fiscalía General de la República y compartió información con la Secretaría de Gobernación para la suspensión de actividades de los establecimientos identificados.
Scott Bessent, titular del Departamento del Tesoro de EE.UU., declaró: “El presidente Trump ha sido claro: el Tesoro usará todas las herramientas disponibles para proteger a la nación de los violentos cárteles que buscan aterrorizar a ciudadanos inocentes”. Por su parte, el embajador de Estados Unidos en México, Ronald Johnson, destacó la cooperación binacional: “A través de una sólida cooperación impulsada por el presidente Donald Trump y la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, vamos tras las redes criminales en su totalidad, cortando sus recursos, interrumpiendo sus operaciones y dando resultados reales para que nuestra gente esté más segura”.
