Por Redacción
Iguala, 23 de marzo de 2026.- Nuevas líneas de investigación relacionadas con la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa han conducido a la funeraria ‘El Ángel’, ubicada en Iguala, la cual había sido previamente investigada y desechada por el Grupo Interdisciplinario de Expertas y Expertos Independientes (GIEI). Este giro en el caso se produce bajo un nuevo esquema de trabajo implementado por la actual administración federal.
La reactivación de las indagatorias ocurre en el contexto de la gestión del nuevo fiscal del caso, Mauricio Pasarán. Según información oficial, la funeraria es ahora objeto de atención prioritaria, marcando una divergencia con las conclusiones anteriores del organismo internacional que había excluido este establecimiento de sus hipótesis principales.
En relación con estos developments, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, indicó que ha solicitado al subsecretario de Derechos Humanos, Arturo Medina, establecer comunicación con los padres y madres de los estudiantes desaparecidos para explicarles la situación antes de hacerla pública. La mandataria enfatizó su preferencia de que sea la Fiscalía quien brinde los detalles específicos, con el objetivo de no interferir en el proceso investigativo en curso.
Entre los puntos que requieren corroboración en esta nueva fase se encuentran los resultados de un análisis telefónico descrito como ‘muy riguroso’, así como la evidencia concreta que vincule a la funeraria con los hechos de 2014. Asimismo, se busca esclarecer cómo operaba el establecimiento de manera ‘muy irregular’ y determinar la identidad completa de los dueños que han sido detenidos en conexión con estas nuevas diligencias.
La investigación enfrenta desafíos para precisar la fecha exacta del hallazgo de restos óseos en una bolsa etiquetada con el año 2014, dato que podría ser crucial para la cronología de los hechos. El contenido del informe que la presidenta ha solicitado al fiscal Pasarán será determinante para entender la base técnica de esta reapertura del caso en un establecimiento que durante años permaneció fuera del foco principal de las búsquedas.
Este movimiento representa un cambio significativo en la estrategia de búsqueda de verdad y justicia para el caso de los 43 normalistas, poniendo a prueba la capacidad del nuevo equipo fiscal para generar hallazgos donde anteriormente se habían cerrado puertas, manteniendo la cautela oficial para no comprometer las acciones legales en curso.
