Por Redacción
Ciudad de Mexico, 16 de marzo de 2026.- La ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Yasmín Esquivel Mossa, propuso un decálogo de ajustes a la reforma judicial, en medio de un debate nacional sobre el funcionamiento y costo de los organismos autónomos. Simultáneamente, un estudio del Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la Cámara de Diputados reveló que el Instituto Nacional Electoral (INE) ha ejercido 242,378 millones de pesos entre 2018 y 2026, con el 39.3% de su presupuesto actual destinado al financiamiento de partidos políticos.
El análisis legislativo detalló que tres capítulos de gasto concentran el 98.2% del presupuesto del INE para el presente año, aunque no especificó cuáles son esos rubros. Los datos surgen en un contexto de intenso escrutinio sobre el uso de recursos públicos en instituciones electorales y el poder judicial.
Por otro lado, el magistrado presidente del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), Gilberto Bátiz García, se refirió a las controversias políticas actuales, aunque sin mencionar a partidos o actores específicos involucrados. El magistrado también destacó la implementación de mecanismos alternativos de solución de conflictos promovidos por su tribunal.
Las declaraciones de la ministra Esquivel y los datos presupuestarios del INE se enmarcan en una discusión más amplia sobre la posible reforma judicial impulsada por el gobierno federal, que busca modificar la estructura y funciones de organismos autónomos como el instituto electoral.
El debate incluye posturas sobre la eficiencia del gasto, la autonomía de las instituciones y el equilibrio de poderes en el Estado mexicano. Sin embargo, se desconoce la postura oficial de otros ministros de la SCJN o del Poder Ejecutivo respecto a las propuestas de ajuste presentadas.
La coincidencia temporal de estos acontecimientos refleja la centralidad que han adquirido los temas de reforma institucional y transparencia en el gasto público en la agenda nacional, en vísperas de posibles cambios constitucionales en materia judicial y electoral.
