Ciudad De México, 03 de junio de 2026.- Estados Unidos está investigando a dos destacados gobernadores mexicanos, Alfonso Durazo de Sonora y Américo Villarreal Anaya de Tamaulipas, quienes han sido despojados de sus visados estadounidenses en medio de investigaciones penales por presuntos vínculos con el crimen organizado, según reportes de diversos medios.
De acuerdo con la información publicada, ambos funcionarios, miembros del partido Morena y aliados de la presidenta Claudia Sheinbaum, habrían entrado al país vecino al amparo de una autorización especial conocida como programa de libertad condicional por beneficio público significativo. Este mecanismo suele reservarse para personas que cooperan con las autoridades, permitiéndoles testificar ante un gran jurado para mitigar consecuencias de cargos reales o pendientes.
Las investigaciones contra Américo Villarreal estarían relacionadas con el contrabando de combustible pirateado, conocido como huachicol. Por su parte, se indica que Alfonso Durazo viaja regularmente a Estados Unidos para recibir tratamiento especializado por una afección médica bajo este mismo esquema de libertad condicional, siendo escoltado en ocasiones por funcionarios estadounidenses al cruzar la frontera.
Ante estos reportes, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo señaló este 3 de junio que los gobernadores “tienen que aclarar” la situación ante la opinión pública. En un reciente mitin político, Sheinbaum cuestionó los motivos detrás de estas acciones: “¿Es realmente un interés legítimo combatir el crimen organizado? ¿O estamos quizás presenciando cómo sectores de la extrema derecha estadounidense están utilizando nuestro país para posicionarse de cara a sus elecciones de 2026?”.
La mandataria agregó: “¿O pretenden influir en las elecciones de 2027 en nuestro país? Tenemos todo el derecho, al menos, de la duda”, aunque también comentó que “hay que estar tranquilos” cuando se actúa con certeza por el bien del pueblo. A Durazo le fue retirada la visa estadounidense el año anterior, según se reporta, aunque él ha minimizado la información asegurando que es una nota sin fuentes ni sustento.
Alfonso Durazo se ha negado a mostrar su visa para desmentir la nota y rechazó cualquier vínculo con el crimen organizado, afirmando: “En el pueblo, todos nos conocemos y todos nos sabemos todo. Si hubiese la menor corruptela, la menor complicidad, ustedes hubiesen sido los primeros en enterarse”. Por su parte, Gerardo Algarín, director de Comunicación del Gobierno de Tamaulipas, negó de manera categórica la información: “No hay documentos, expedientes, resoluciones ni evidencia verificable que acredite lo publicado”.
Tanto el gobierno de Sonora como el de Tamaulipas han rechazado de forma contundente los señalamientos publicados por los medios, desmintiendo las informaciones sobre la revocación de visas y la existencia de expedientes en su contra.
