Por Redacción
Mexicali, 19 de marzo de 2026.- El juez de control Gerardo Anguiano Ceja determinó que existían pruebas necesarias para formular imputación al exgobernador de Baja California, Jaime Bonilla Valdez, por los delitos de abuso de autoridad, peculado y uso ilícito de atribuciones y facultades, tras una audiencia que se extendió por más de 10 horas entre el 18 y 19 de marzo.
La investigación judicial se centra en un fallido proyecto de planta fotovoltaica contratado durante la administración de Bonilla, con 123 millones de pesos involucrados que fueron retenidos y posteriormente regresados. La audiencia de vinculación a proceso está programada para el lunes 23 de marzo a las 9:00 horas en el Centro de Justicia de Mexicali.
Jaime Bonilla Valdez mantiene que el estado nunca se comprometió a construir una planta fotovoltaica, que la empresa Next Energy era la encargada y que solo había una garantía de depósito para pagar la primera mensualidad. El exgobernador señala una narrativa errónea por parte de la administración actual y los medios.
Bonilla argumenta que él solo presentó una iniciativa que fue aprobada por el Congreso de Baja California, y cuestiona por qué no se ha citado a los diputados involucrados en la aprobación del proyecto. La defensa del exgobernador ha mantenido esta posición en sus declaraciones a medios.
La actual gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila Olmeda, señaló que la denuncia se dio por inconsistencias en los contratos y el proyecto, y que no es un tema personal. La administración actual ha mantenido esta postura respecto a las irregularidades detectadas.
El caso representa uno de los primeros procesos judiciales de esta naturaleza contra un exgobernador de la entidad, y establece un precedente en la revisión de proyectos de infraestructura energética contratados durante administraciones previas en Baja California.
La próxima audiencia del 23 de marzo determinará si Bonilla Valdez queda vinculado a proceso formalmente, lo que podría derivar en medidas cautelares y la continuación del proceso penal por los delitos imputados ante el sistema de justicia de Baja California.
