Por Redacción
La República, 17 de marzo de 2026.- El gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum envió al Senado de la República la iniciativa de reforma electoral conocida como ‘Plan B’, tras el rechazo de su propuesta original por parte de sus aliados, el Partido del Trabajo (PT) y el Partido Verde Ecologista de México (PVEM). La nueva propuesta, negociada en la Secretaría de Gobernación, se centra en dos puntos acordados: establecer un tope al gasto de los congresos estatales y eliminar las regidurías plurinominales en los ayuntamientos, bajo el argumento de aplicar austeridad republicana.
La iniciativa busca modificar la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (LGIPE) y establece que el presupuesto de los congresos locales no podrá exceder el 0.7% del gasto total de su respectivo estado. Según cifras oficiales, el gasto actual de estas legislaturas suma 18 mil 429 millones 929 mil pesos, por lo que el gobierno federal proyecta un ahorro de aproximadamente 4 mil millones de pesos anuales con esta medida.
La secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, fue la encargada de conducir las negociaciones con las bancadas aliadas. El coordinador del PVEM en el Senado, Manuel Velasco, confirmó el acuerdo para el envío de la iniciativa, la cual representa una versión reducida de la reforma integral que Sheinbaum había presentado previamente. La presidenta ha defendido que este ‘Plan B’ mantiene la esencia de reducir privilegios en el ámbito político.
El envío de esta propuesta ocurre apenas seis días después de que el PT y el Verde rechazaran la reforma electoral original el 11 de marzo, lo que forzó al gobierno a buscar un consenso mínimo con sus socios de coalición. La iniciativa original contenía cambios más profundos al sistema electoral mexicano, los cuales fueron descartados ante la falta de apoyo.
El proceso legislativo para el ‘Plan B’ iniciará en el Senado, donde Morena y sus aliados cuentan con mayoría simple. Sin embargo, para modificar artículos constitucionales relacionados con la materia electoral —lo cual no está del todo claro si esta iniciativa requiere— se necesitaría una mayoría calificada de dos tercios y la aprobación de la mayoría de las legislaturas estatales, un escenario más complejo.
La oposición ha criticado que la propuesta, aunque recortada, sigue formando parte de lo que denominan un intento por modificar las reglas electorales para beneficiar al partido en el poder. El contexto político queda marcado por esta pugna interna dentro de la coalición oficialista, que obligó al gobierno a replantear su agenda de reformas políticas en un plazo muy corto.
