Ciudad De México, 06 de abril de 2026.- El Gobierno de México rechazó este lunes el informe del Comité contra la Desaparición Forzada (CED), organismo vinculado a la ONU, al considerar que sus datos están desactualizados y no reflejan la realidad del país. La presidenta Claudia Sheinbaum explicó que la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) y la Secretaría de Gobernación (SEGOB) habían enviado meses atrás documentación detallando los avances realizados desde 2019, la cual no fue tomada en cuenta por el comité.
Sheinbaum señaló que el análisis del CED se basó exclusivamente en información de cuatro entidades federativas: Coahuila, Nayarit, Veracruz y Jalisco, correspondiente al periodo de 2009 a 2017. La mandataria acusó que los resultados fueron proyectados hasta 2025 sin considerar los cambios en la legislación ni la operación de la Comisión Nacional de Búsqueda. “Se les informó los trabajos y avances que hemos venido haciendo con la comisión de búsqueda y no fueron considerados, por eso se rechazó el documento”, afirmó la presidenta.
El informe del comité señala a México como el país que concentra más acciones urgentes por desaparición forzada en el mundo, con 819 registros entre 2012 y febrero de 2026. No obstante, el Gobierno mexicano rechazó el documento por considerar que se refiere mayoritariamente a casos ocurridos durante los gobiernos de Felipe Calderón Hinojosa y Enrique Peña Nieto. Sheinbaum precisó que el análisis no es “muy exacto” porque “extrapolan” datos antiguos a la situación actual.
Previamente, el 2 de abril de 2026, la SRE y la SEGOB habían señalado formalmente que en México no existe una práctica de desaparición forzada constitutiva de crimen de lesa humanidad cometida de manera sistemática y generalizada. Ante la decisión del CED, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) catalogó la postura del comité como sesgada, contradictoria y carente de perspectiva histórica e internacional.
La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, expresó el respaldo del gobierno capitalino al posicionamiento federal, calificando de “muy grave” que no se haya incluido la evidencia presentada por el Estado mexicano. Brugada sostuvo que el informe “se basa fundamentalmente en hechos ocurridos de 2009 a 2017” y que el Comité “decidió no valorar las medidas adoptadas por el Estado mexicano para enfrentar y erradicar ese fenómeno”, enfatizando que “en la actualidad, el Gobierno Federal no reprime ni desaparece”.
Respecto a los siguientes pasos, Sheinbaum indicó que su administración establecerá una comunicación directa con el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Türk. “Vamos a establecer una relación estrecha con el Alto Comisionado de Derechos Humanos, para que conozca lo que se está haciendo y por qué razones no estamos de acuerdo con este informe”, dijo la presidenta, quien adelantó que habrá un seguimiento por parte de la SEGOB y la SRE.
La presidenta aclaró que el rechazo al informe “no tiene nada que ver con el trabajo que hacemos con los colectivos de búsqueda, la solidaridad con padres de familia, con familiares de víctimas de desaparecidos y el trabajo que estamos haciendo para erradicar este terrible delito”. El Gobierno mexicano ha confirmado que existen más de 130 mil personas desaparecidas en el país.
