Ciudad De México, 27 de marzo de 2026.- En medio de la búsqueda de más de 30 personas vinculadas al Caso Pirasol y de al menos cinco connacionales desaparecidos en Baja California, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo informó que esta semana se dará a conocer el registro de personas desaparecidas en el país. El anuncio gubernamental coincide con las demandas de justicia de familiares que reportan nulos avances en las investigaciones de sus seres queridos.
En un caso reciente con desenlace positivo, la reportera Itzel Cruz Alanís confirmó que Naomy Geraldine Rojas Cervantes fue localizada y ya se integra con su familia. Sin embargo, persiste la incertidumbre en otros expedientes, como el de Jesús Salvador Ramos Jaime, esposo de Adilene Martínez, quien expresó su dolor ante la falta de motivos claros para su sustracción: “Somos personas honestas… no sé por qué me lo quitaron”, declaró la familiar.
La situación en la frontera norte mantiene alerta a las autoridades y civiles. Arturo Mandujano, fiscal regional de Rosarito, detalló que Eyder Andrés Marín Agudelo logró comunicarse con su expareja para informar sobre un percance y posteriormente decir que se encontraba mejor, antes de perderse toda comunicación. El funcionario precisó que hay dos teléfonos localizados, uno aparentemente en la carretera Tijuana-Rosarito y otro en la vía Rosarito-Ensenada, aunque se desconoce si la desaparición ocurrió en el municipio de Rosarito o en Tijuana.
Por otro lado, el colectivo “Caso Pirasol” continúa su lucha tras 16 años de la desaparición del autobús. María de los Ángeles Rodríguez García, vocera del grupo y hermana de Rafael, uno de los dos choferes desaparecidos, mantiene la exigencia de verdad. A esto se suma el clamor de Margarita Mora Hernández, madre de Heidi Shanik López Mora, quien denunció que, a un mes de los hechos, la Fiscalía General del Estado (FGE) no ha proporcionado respuestas claras sobre las investigaciones.
Estos episodios reflejan la complejidad de la crisis de desapariciones en México, que abarca desde casos de larga data hasta eventos recientes en entidades como Baja California Sur, Coahuila y Guerrero. Mientras los colectivos realizan búsquedas en vida y movilizaciones, la expectativa se centra en la publicación del registro nacional prometido por la jefa del Ejecutivo, el cual podría ofrecer una radiografía actualizada de la magnitud del problema.
