Por Redacción
Ciudad De México, 23 de marzo de 2026.- Familiares de personas desaparecidas realizaron una acción simbólica frente a la residencia oficial para exigir una audiencia de 15 minutos con la presidenta Claudia Sheinbaum, durante la cual pretendieron entregar una réplica de un certificado Guinness que declara a México como la nación con el mayor número de desapariciones en el mundo. La protesta busca visibilizar la crisis que afecta a más de 130 mil familias en el país y demandar atención directa del gobierno federal.
El grupo de manifestantes, integrado por padres y madres buscadores como Gustavo Hernández y Patricia de la Cruz, portó un documento fechado el 16 de marzo de 2026, diseñado bajo el formato visual de los récords mundiales. Esta iniciativa se inspira en la certificación reciente que recibió el gobierno mexicano por organizar la clase de fútbol más grande del mundo, utilizando la misma estética para denunciar la magnitud de la tragedia humanitaria por desapariciones forzadas e involuntarias.
Los participantes señalaron que su objetivo principal era establecer un diálogo breve con la jefa del Ejecutivo para presentar formalmente su exigencia de justicia y búsqueda efectiva. A través de la réplica del certificado, los familiares pretenden evidenciar que México ha superado a cualquier otra nación en este delito, aunque la investigación no detalla la fuente o metodología específica detrás de la cifra presentada en el documento simbólico, ni confirma si la comitiva logró ser recibida finalmente por las autoridades.
Entre los involucrados en la movilización se encuentran Patricia de la Cruz, madre de Fernando Hernández, cuyo nombre aparece truncado en los registros de la protesta, y Gustavo Hernández, quienes representan a las miles de víctimas que mantienen la búsqueda de sus seres queridos. La acción ocurre en un contexto donde la Secretaría de Gobernación, encabezada por Rosa Icela Rodríguez, tiene la responsabilidad coordinada de las políticas de búsqueda, sin que hasta el momento se haya registrado una respuesta oficial pública del equipo de la presidenta ante este intento de entrega.
La cifra de más de 130 mil familias afectadas fue retomada por los manifestantes como referencia del tamaño del problema nacional, no como el número de personas presentes en la protesta. Con esta puesta en escena, los buscadores buscan romper la indiferencia institucional y colocar en la agenda inmediata la necesidad de resultados tangibles en la localización de personas desaparecidas, manteniendo la presión sobre la administración federal para que reconozca la gravedad del fenómeno.
