Por Redacción
Ciudad De México, 23 de marzo de 2026.- La implementación de la nueva Ley General de Aguas comenzó a arrojar resultados tangibles en su primer ciclo operativo, con un incremento estimado de 6,300 millones de pesos en la recaudación para 2026, lo que representa un aumento del 21% respecto al año anterior. Durante una conferencia de prensa, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y el director general de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), Efraín Morales López, detallaron las acciones tomadas para eliminar privilegios de comercializadores privados y regularizar el uso del recurso hídrico en el país.
Efraín Morales López informó que, tras la aprobación de la ley por el Senado en diciembre de 2025, las autoridades han detectado 18 títulos de concesión que suman 2.8 millones de metros cúbicos sin pago de derechos, así como 10 títulos con registros de sobreexplotación. Además, se identificaron 42 concesiones que operaban sin medidor y 10 más con historial de impago. El funcionario precisó que en 2025 la recaudación ya había aumentado en 3,500 millones de pesos, consolidando una tendencia al alza en la captación de recursos por el uso del agua.
La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo enfatizó que el objetivo central de la nueva legislación es acabar con los privilegios de los comercializadores privados para garantizar que “todos sean iguales ante la ley”. Entre las disposiciones clave de la norma destacan la eliminación de transmisiones de concesiones entre particulares, la limitación de cuotas de garantía, la sanción al acaparamiento y al mercado negro, así como la devolución de concesiones a usuarios directos como municipios y pequeños productores.
En el caso específico de Baja California, la entrega de títulos de concesión a los municipios de Tijuana, Rosarito, Mexicali, Tecate y Ensenada busca asegurar el abastecimiento de agua para los próximos 30 años, según declaró Aarón Mastache Mondragón, subdirector general de Infraestructura Hidroagrícola de Conagua. La gobernadora Marina del Pilar Ávila estuvo presente en el anuncio. Datos de la investigación indican que en los últimos cinco años, estos municipios pagaron 531 millones de pesos a un distrito de riego, una situación que la nueva ley busca corregir al titularizar directamente a las autoridades locales.
Las autoridades también expusieron casos concretos de irregularidades en otros estados. En Zacatecas, se detectó que siete títulos originales fueron transformados en 50, generando ganancias de hasta 54 millones de pesos. En Querétaro, se señaló a la familia Calzada, que incluye al exgobernador José Calzada y al diputado federal Mario Calzada del PRI, por concentrar 628,000 metros cúbicos en cinco títulos. Efraín Morales López afirmó que los pozos de uso agrícola de este grupo se destinan para comercializar agua en pipas o abastecer desarrollos inmobiliarios y un club de polo, desviando el propósito original de las concesiones.
La entrada en vigor de esta normativa marca un cambio estructural en la gestión hídrica de México, buscando priorizar el acceso directo de las comunidades y productores sobre la intermediación comercial. Los primeros resultados en cifras y la revocación de títulos irregulares establecen el precedente para la aplicación estricta de las sanciones previstas en la ley durante el ciclo 2026-2027.
