Por Redacción
Ciudad de Mexico, 17 de marzo de 2026.- El presidente de Colombia, Gustavo Petro, acusó este lunes a Ecuador de bombardear territorio colombiano, dejando 27 cuerpos calcinados y bombas en el suelo, lo que fue categóricamente negado por su homólogo ecuatoriano, Daniel Noboa, quien aseguró que sus fuerzas solo operan dentro de sus fronteras. La grave denuncia, intercambiada a través de declaraciones y redes sociales, intensifica una crisis bilateral ya marcada por una guerra comercial y tensiones de seguridad en una frontera de 600 kilómetros plagada por grupos armados y narcotráfico.
Petro afirmó que el bombardeo ocurrió en territorio colombiano y que no fue ejecutado por grupos armados, pues estos carecen de aviones, ni por Colombia, ya que su gobierno no dio tal orden. “Hay 27 cuerpos calcinados y bombas en el suelo colombiano”, señaló el mandatario, insinuando la responsabilidad de las Fuerzas Armadas de Ecuador. En respuesta, Noboa rechazó la acusación: “Ecuador no opera fuera de su territorio. Atacamos escondites de grupos criminales dentro del Ecuador”, declaró el martes, añadiendo que las operaciones se realizaron en la provincia de Sucumbíos.
El intercambio de acusaciones revela profundas contradicciones y una escalada retórica. Noboa insinuó que los grupos atacados son “en gran parte colombianos” que se infiltraron en Ecuador por un “descuido” en la vigilancia fronteriza de Colombia. Por su parte, Petro no proporcionó de inmediato pruebas concretas como fotografías, coordenadas GPS o informes de inteligencia que confirmen la ubicación exacta del supuesto ataque o la identidad de las víctimas.
La tensión se enmarca en un contexto de relaciones deterioradas. En febrero, ambos países iniciaron una guerra comercial que afecta importaciones, cooperación energética y el transporte de crudo. Además, la participación de Ecuador en el “Escudo de las Américas”, una alianza de seguridad promovida por Estados Unidos, ha sido vista con recelo por el gobierno de Petro. La frontera compartida es históricamente una zona de operaciones de disidencias de las FARC, el ELN y grupos criminales dedicados al narcotráfico, tráfico de armas y minería ilegal.
La canciller ecuatoriana, Gabriela Sommerfeld, también se pronunció, respaldando la postura de su gobierno. Mientras tanto, se anunció la conformación de una mesa de diálogo a través de la Comunidad Andina para abordar la crisis, aunque las acusaciones de una violación de soberanía podrían complicar cualquier acercamiento inmediato. La falta de una verificación independiente por parte de organismos internacionales o ONG deja los hechos en el terreno de la disputa bilateral, con el riesgo latente de una mayor militarización en una de las fronteras más conflictivas de Sudamérica.
