Ciudad De México, 09 de junio de 2026.- El Departamento de Justicia de EE.UU. (DOJ) anunció este lunes que busca revocar la ciudadanía estadounidense a 17 personas naturalizadas acusadas de cometer fraude durante sus procesos migratorios y de haber perpetrado delitos graves. Entre los afectados se encuentra Andrea Marroquín, hija de un importante narcotraficante colombiano.
Andrea Johana Marroquín Rubiano, de 44 años, obtuvo la residencia permanente en Estados Unidos ocultando un matrimonio bígamo con un ciudadano estadounidense. Según el DOJ, la colombiana consiguió la ciudadanía por naturalización en 2009 tras esconder sus antecedentes delictivos. Entre 2003 y 2011, supuestamente participó en una conspiración para cometer fraude electrónico y bancario, así como lavado de dinero, utilizando fondos procedentes del narcotráfico de su difunto padre para financiar transacciones inmobiliarias fraudulentas en Miami, Florida.
La justicia estadounidense ha presentado cuatro demandas contra la inmigrante para revocar su estatus. Aunque no han citado el nombre del padre de la acusada, las autoridades indicaron que era un ‘conocido capo de la droga colombiano’ asesinado entre 1998 y 1999, cuyas ganancias del narcotráfico, ascendentes a decenas de millones de dólares, fueron heredadas por Marroquín. Además, se señaló que el tío de la acusada, con quien mantenía una estrecha relación, fue condenado previamente por fraude hipotecario en una corte federal de Florida.
Además de Marroquín, el DOJ ha acusado a otros 16 naturalizados originarios de países como Cuba, México, Jamaica, India, China, Filipinas, Haití y Somalia. La Administración de Donald Trump informó que las demandas se presentaron ante varios tribunales fedenciales contra ciudadanos acusados de ‘delitos graves’, que incluyen abuso sexual a un menor, fraude bancario y narcotráfico.
Si los procedimientos prosperan, las personas afectadas regresarían a su estatus migratorio previo y perderían todos los derechos asociados a la ciudadanía estadounidense, incluida la protección frente a la deportación. Esta ofensiva forma parte del endurecimiento de las políticas migratorias impulsado por la administración Trump desde su regreso a la Casa Blanca en enero de 2025.
El fiscal general interino, Todd Blanche, declaró: ‘Cuando los extranjeros con antecedentes penales se aprovechan del proceso de naturalización infringiendo la ley, hay consecuencias’. Por su parte, el secretario de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Markwayne Mullin, afirmó: ‘La ciudadanía estadounidense es un privilegio y debe ganarse honestamente. Si vienes aquí, infringes nuestras leyes y mientes en tus procedimientos migratorios, pierdes ese privilegio’, añadiendo que el objetivo es evitar que ‘los estadounidenses sean perjudicados por criminales’.
