Por Redacción
Dinamita, 20 de marzo de 2026.- Existen discrepancias sobre el número de personas detenidas durante un operativo policial realizado el miércoles 18 de marzo en la localidad de Dinamita, Durango, donde confluyen denuncias de represión y acusaciones de delitos. Mientras el Frente Unido de Pueblos de La Laguna en Defensa de la Vida, el Territorio y el Agua, así como el obispo Raúl Vera López, estiman que fueron privadas de la libertad alrededor de 40 personas, la Fiscalía General de Durango confirmó la detención de 28 individuos. Por su parte, la Liga Sindical de la Confección en Nazareno reportó 27 detenciones que calificó como arbitrarias.
Según Raúl Vera López, de las aproximadamente 40 personas reportadas como detenidas, únicamente se conoce la ubicación de ocho. Familiares de los detenidos se manifestaron frente al Palacio de Justicia en Gómez Palacio para exigir su liberación, denunciando que no existió una orden judicial que respaldara las acciones de las fuerzas de seguridad, las cuales incluyeron elementos de la Policía Estatal, Guardia Nacional y la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).
El conflicto tiene su origen en el despido injustificado de cuatro trabajadores de la empresa Sotomex, dedicada al transporte de explosivos. El Frente Unido mantenía un plantón desde 2017 en oposición a un megaproyecto industrial y en solidaridad con los trabajadores despedidos. Las autoridades estatales, encabezadas por el gobernador Esteban Villegas Villarreal y la fiscal Sonia Yadira de la Garza Fragoso, no han emitido una postura detallada ante las acusaciones de represión, aunque la Fiscalía acusa a los detenidos de presuntos delitos de robo, extorsión y bloqueos, contradiciendo la versión del Frente Unido y Vera López que describe la protesta como pacífica.
Entre los involucrados en el contexto del conflicto también se mencionan a Betzabé Martínez Arango, presidenta municipal de Gómez Palacio, y sectores de la CNTE. Hasta el momento, se desconoce el paradero y el estado de salud de la mayoría de las personas detenidas, así como los nombres completos y datos de identificación de los afectados, lo que mantiene la incertidumbre entre los familiares y organizaciones defensoras de derechos humanos.
