Ciudad De México, 16 de abril de 2026.- Diputados presentaron iniciativas para atender las desapariciones, fortalecer la seguridad municipal y evitar la impunidad en investigaciones penales, mientras la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes (SIPINNA) rechazó las iniciativas de reforma que buscan disminuir la edad penal de adolescentes.
La diputada panista Noemí Luna planteó reconocer la desaparición forzada como delito de lesa humanidad, crear un fondo permanente de reparación y garantizar protección efectiva a familias buscadoras, señalando subejercicios millonarios en recursos destinados a la búsqueda.
El diputado de Morena Carlos Ignacio Mier propuso fijar un mínimo de tres policías por cada mil habitantes, con financiamiento prioritario del Fondo de Aportaciones para el fortalecimiento de los municipios, mientras el priista Erubiel Alonso planteó obligar al Ministerio Público a agotar todas las diligencias antes de archivar casos.
Las iniciativas serán analizadas en comisiones. Por otro lado, el posicionamiento de SIPINNA fue emitido ante la discusión, en la Cámara de Diputados, de una reforma constitucional al artículo 18 que plantea incorporar un régimen excepcional de consecuencias agravadas para adolescentes de entre 14 y 18 años.
Los delitos considerados de extrema gravedad en la reforma son homicidio doloso, feminicidio, violación, secuestro, extorsión o robo con violencia. La titular de la Secretaría Ejecutiva del SIPINNA, Lorena Villavicencio Ayala, declaró: “Consideramos que el Sistema de Justicia para Adolescentes, debe fortalecerse desde el principio de reinserción social y familiar, no desde la punibilidad. Aumentar penas no es la solución para prevenir la comisión de delitos; la verdadera respuesta está en atender las causas estructurales de la violencia, transformar contextos y fortalecer los procesos de reinserción familiar y social, garantizando siempre un plan de restitución integral para las víctimas directas e indirectas”.
En materia de seguridad, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana de México, Omar García Harfuch, destacó el combate a la extorsión y apuntó en Gómez Palacio a la detención el pasado 19 de marzo de 28 personas integrantes de una organización relacionada con los delitos de extorsión y ataques a vías de comunicación.
Las 28 personas mencionadas por Harfuch son integrantes del Frente Unido de Pueblos de La Laguna en Defensa de la Vida, el Territorio y el Agua. El obispo emérito de Saltillo, Raúl Vera López, se manifestó en contra de la captura, denunciando presuntos actos de represión, calumnias y maltratos, y aludiendo a situaciones “sumergidas hoy en la incertidumbre y el miedo”.
Raúl Vera López acusó al gobierno de Durango de actuar en favor de intereses empresariales y de recurrir a corporaciones de seguridad para intervenir contra los integrantes del Frente. De acuerdo con la versión oficial, los hechos se originaron tras denuncias de empresas instaladas en la zona, que acusaron bloqueos, toma de unidades de carga y exigencias económicas por parte de personas que se identificaban como integrantes del Frente Unido.
