Por Redacción
Ciudad De México, 21 de marzo de 2026.- La discusión legislativa sobre la reforma constitucional en materia electoral y la revocación de mandato se encuentra en una fase crítica en el Senado de la República, donde la aprobación del llamado “Plan B” depende directamente de los seis votos de la bancada del Partido del Trabajo (PT). Para alcanzar la mayoría calificada necesaria, se requieren 85 votos, cifra que las fuerzas de Morena, PVEM y PT suman exactamente con 87 legisladores, convirtiendo a la decisión del PT en el factor determinante para el destino de la iniciativa promovida por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.
El debate se centra en una propuesta que incluye cambios sustanciales como la reducción de puestos en ayuntamientos, el recorte de sueldos a funcionarios electorales y modificaciones en la integración del Congreso, contemplando una Cámara de Diputados con 300 diputados de mayoría relativa y 200 de representación proporcional. Sin embargo, existen divergencias dentro del proceso legislativo; mientras se avanza en la dictaminación, han surgido posiciones alternativas, como la iniciativa presentada por el senador Manlio Fabio Beltrones, que ofrece una ruta diferente a la planteada originalmente por la mandataria.
La incertidumbre se agudiza debido a las dudas expresadas por sectores del PT respecto a los contenidos de la reforma, lo que podría impedir su aprobación si no se logran consensos de última hora. Geovanna Bañuelos, vicecoordinadora del PT en el Senado, se encuentra en el centro de estas negociaciones, dado que su agrupación política mantiene la llave para alcanzar el umbral de los dos tercios exigidos por la Constitución para validar cambios de esta naturaleza.
En este contexto, los presidentes de las comisiones legislativas, Óscar Cantón Zetina y Enrique Inzunza, han emitido comunicados oficiales relacionados con el avance del proceso, mientras se espera definir la postura definitiva de los senadores del PT. La dinámica parlamentaria refleja una tensión entre la urgencia del ejecutivo por concretar la reforma y las reservas de sus aliados legislativos, quienes podrían bloquear la iniciativa si no se atienden sus observaciones específicas.
La aprobación de este paquete de reformas tendría implicaciones directas en la estructura del poder electoral y la organización de los comicios futuros, además de establecer nuevos mecanismos de control ciudadano como la revocación de mandato. El resultado de las sesiones en curso marcará el rumbo de la legislación electoral en México, dependiendo de la capacidad de negociación para alinear los 85 votos indispensables antes de la votación final.
