Por Redacción
Nueva York, 20 de marzo de 2026.- Los abogados Barry Pollack y Mark E. Donelly presentaron una declaración ante el tribunal federal del Distrito Sur de Nueva York argumentando que sus clientes, Nicolás Maduro y Cilia Flores, carecen de recursos personales para financiar su defensa legal contra las acusaciones de narcotráfico. La defensa sostiene que la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) no ha autorizado que el Gobierno de Venezuela cubra los costos de sus representantes, lo cual consideran una interferencia con su derecho a elegir representación legal.
En una declaración jurada, Maduro y Flores aseguraron no tener capacidad económica para costear a sus abogados y manifestaron su disposición a presentar pruebas financieras si el tribunal así lo requiere. El equipo legal busca demostrar que la imposibilidad de acceder a fondos estatales venezolanos, derivada de las sanciones económicas vigentes desde 2015, vulnera sus garantías procesales.
La solicitud se realiza en el contexto de las acusaciones por narcotráfico que enfrentan ambos funcionarios en este tribunal estadounidense, donde tienen programada una audiencia para el 26 de marzo de 2026. Además de buscar la autorización de fondos, la defensa tiene como objetivo que el caso sea desestimado por presuntas irregularidades legales en el proceso.
Las sanciones de la OFAC han restringido las transacciones financieras involving al Gobierno de Venezuela, entidad que, según los argumentos de la defensa, estaría dispuesta a pagar los servicios jurídicos de no ser por las prohibiciones impuestas por Washington. Cabe destacar que Estados Unidos no reconoce a Nicolás Maduro como el presidente legítimo de Venezuela, lo que complejiza cualquier intento de transferencia oficial de recursos.
La investigación no especifica el monto exacto requerido para la defensa ni detalla qué tipo de pruebas financieras podrían ser presentadas por los acusados. Tampoco se menciona una postura oficial explícita del Gobierno venezolano sobre este financiamiento más allá de lo alegado por la defensa, ni se confirma si la Fiscalía reconoce el derecho a solicitar dichos fondos o si se trata únicamente de un argumento jurídico de los abogados.
