Pajapan, 24 de marzo de 2026.- Comunidades indígenas de los municipios de Pajapan, Tatahuicapan y Mecayapan denunciaron la insuficiencia de los trabajos de limpieza tras un derrame de hidrocarburo que ha contaminado varios kilómetros del litoral en el Golfo de México. Mientras Petróleos Mexicanos (Pemex) participa en las labores de remediación bajo la supervisión de la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente (ASEA) y la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), los habitantes reportan falta de equipo de protección y métodos inadecuados que podrían agravar el daño ambiental.
La Presidenta Claudia Sheinbaum afirmó que el gobierno federal está realizando todos los esfuerzos para la limpieza del océano y las playas, asegurando que el derrame fue provocado por un barco. Sin embargo, las comunidades indígenas, apoyadas por el Movimiento Regional Indígena en Defensa y Respeto por la Vida y el Centro de Derechos Humanos Bety Cariño, sostienen que el origen del vertido no ha sido esclarecido del todo, refiriéndose a la posibilidad de un “barco fantasma” cuya identidad y empresa responsable aún no han sido determinadas oficialmente.
Las autoridades han informado previamente que el vertido fue detectado hace dos semanas, movilizando a la Fiscalía General de la República para investigar los hechos. A pesar de la presencia de instituciones federales en la zona, persiste la incertidumbre sobre la identidad exacta del navío causante del desastre ecológico, lo que ha generado discrepancias entre la versión gubernamental y los reportes locales sobre la dinámica del incidente.
Los pobladores alertan sobre graves daños económicos y sanitarios derivados de la contaminación, incluyendo la venta de pescado que podría estar afectado por los hidrocarburos. Asimismo, expresaron preocupación por las prácticas de limpieza empleadas, señalando el posible uso de disolventes que, lejos de mitigar el impacto, podrían extender la toxicidad en el ecosistema costero de la región veracruzana.
Hasta el momento, no se han divulgado resultados oficiales de las investigaciones emprendidas por la Fiscalía, la Profepa o la ASEA respecto a la magnitud exacta del daño a la salud de la población ni al equilibrio del ecosistema. La situación mantiene en alerta a las comunidades locales que dependen de los recursos marinos para su subsistencia, mientras se espera que las autoridades clarifiquen la responsabilidad corporativa del evento y garanticen una remediación efectiva.
