Ciudad De México, 05 de abril de 2026.- La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) rechazó las conclusiones del Comité de la ONU contra la Desaparición Forzada (CED) sobre México. La CNDH sostuvo que la decisión del comité de pedir al secretario general de la ONU que remita el caso a la Asamblea General parte de una lectura sesgada, contradictoria y sin perspectiva histórica ni internacional.
La CNDH afirmó que el comité basó su decisión en peticiones de ONG y colectivos de familiares. El organismo cuestionó que el comité haya privilegiado posturas de organizaciones como el Centro Prodh por encima de los esfuerzos institucionales, financieros y presupuestales del Estado mexicano en los últimos siete años.
La CNDH argumentó que, antes de una intervención de esa naturaleza, debieron agotarse primero las instancias nacionales previstas en la convención internacional. Además, acusó al CED de ignorar los artículos 30 y 31 del tratado, relativos a las condiciones para su intervención.
La CNDH sostuvo que las desapariciones forzadas como política de Estado corresponden a los periodos de la ‘Guerra Sucia’ (1951-1990) y de la ‘guerra contra el narcotráfico’ (2006-2012). La CNDH indicó que los casos de desaparición forzada “han venido descendiendo desde 2018, hasta prácticamente desaparecer”.
El Gobierno mexicano tachó el informe del CED de “tendencioso” y con “falta de rigor jurídico”. La CNDH rechazó la propuesta de cooperación técnica, asistencia especializada, apoyo financiero y un mecanismo especial de esclarecimiento del comité, al considerar que reproduce fórmulas externas que no mejoraron antes la situación de derechos humanos en el país.
El colectivo “Glorieta de las y los Desaparecidos” exigió respuestas claras por parte del gobierno federal tras la publicación del informe de la ONU. El colectivo señaló que no existen motivos para que el gobierno mexicano tome una postura defensiva ante el informe y denunció que las desapariciones forzadas son actos de lesa humanidad.
El colectivo señaló que el Comité ha determinado que no hay indicios fundados de que exista, a nivel federal, una política de Estado orientada específicamente a la comisión de desapariciones forzadas. No obstante, destacó que en el informe del CED se subraya que esfuerzos del Estado han resultado ineficaces e insuficientes, lo que se traduce en una impunidad casi absoluta.
Amnistía Internacional celebró la decisión del comité, pidió aceptar la cooperación internacional y advirtió que la crisis afecta a más de 132,000 familias. La CNDH arremetió contra ONG que, según dijo, lucran y politizan el tema.
