Ciudad De México, 16 de abril de 2026.- La jefa de Gobierno de la CDMX, Clara Brugada, envió un paquete de iniciativas al Congreso capitalino para endurecer las sanciones por extorsión. El proyecto de ley fue presentado por el secretario de Gobierno, César Cravioto, y plantea sanciones hasta con siete años de prisión a quienes cometan el delito.
La iniciativa propone tres modificaciones clave al Código Penal local: derogar el artículo 148 Quáter, reformar el artículo 148 Quinquies sobre cobranza ilegítima, y crear un Capítulo X que tipifica el delito de hostigamiento coercitivo. El Grupo Parlamentario de Morena indicó que “Con el hostigamiento coercitivo, la autoridad podrá intervenir desde el primer acto de amenaza, sin esperar a que el delito se consuma”, mientras que la legislación actual exige que la extorsión genere un resultado material para poder perseguirse.
La diputada Yuriri Ayala, presidenta de la Comisión de Seguridad, afirmó que desde el recinto de Donceles y Allende se respaldarán estas medidas con “cero tolerancia”. La propuesta también incluye la reforma al artículo 253, para incorporar la extorsión federal y el nuevo delito dentro del catálogo de graves.
Por otra parte, el Congreso de la Ciudad de México acordó reforzar sus protocolos de seguridad tras los disturbios en el recinto legislativo de Donceles el pasado 9 de abril. El presidente de la Mesa directiva del Congreso, Jesús Sesma, encabezó una reunión de trabajo con el director de resguardo y las dirigencias de los tres sindicatos del recinto legislativo.
En la reunión se entregó un borrador de protocolos para seguridad en manifestaciones. Sesma señaló que “El derecho a manifestarse debe ejercerse con respeto y en condiciones que no pongan en riesgo la integridad de nadie. Nuestro deber es asegurar que este Congreso siga siendo un espacio de diálogo, pero también un lugar seguro”.
Los disturbios del 9 de abril ocurrieron durante una protesta de la Asamblea de Barrios y dejaron 5 trabajadores lesionados, cuando un grupo intentó ingresar por la fuerza al inmueble para entregar un pliego petitorio en materia de vivienda. En otro contexto, el alcalde de Torreón, Román Alberto Cepeda González, dijo que la modalidad delictiva de extorsión está en boga y llamó a la población a denunciar.
