Por Luis Martínez Alcántara.
En su segundo día como presidente de Estados Unidos, Donald Trump ordenó el cierre de la página web y las redes sociales oficiales de la Casa Blanca en español. Al intentar acceder al sitio, los usuarios encuentran un mensaje de “Página no encontrada” que redirige a la versión en inglés. Esta medida, que ya había implementado durante su primer mandato en 2017, fue revertida por Joe Biden en 2021, pero ahora vuelve a ser una realidad.
La decisión generó controversia debido al impacto que tiene sobre los más de 60 millones de hispanohablantes en Estados Unidos, quienes representan aproximadamente el 18% de la población total. Aunque el contenido gubernamental sigue disponible en inglés, esta acción simboliza un retroceso en los esfuerzos por promover la inclusión lingüística y cultural en un país donde el español es el segundo idioma más hablado.
El cierre también afecta las redes sociales oficiales en español, que habían sido una herramienta clave para comunicar políticas y actualizaciones gubernamentales a la comunidad latina. Las últimas publicaciones en estas plataformas datan de la administración Biden, lo que refuerza la percepción de exclusión hacia este sector demográfico. La administración Trump ha justificado esta medida como parte de su enfoque nacionalista y su intención de priorizar el inglés como idioma oficial.
Esta acción se alinea con las políticas antimigrantes que han caracterizado a Trump desde su irrupción en la política en 2015. Su discurso ha estado marcado por promesas de endurecer las leyes migratorias y proteger los intereses estadounidenses, lo que ha generado divisiones entre los ciudadanos y preocupación entre los inmigrantes latinos. Para muchos, este cierre es un símbolo más de las tensiones raciales y culturales que persisten en el país.
La eliminación del acceso a información oficial en español plantea interrogantes sobre cómo afectará a millones de hispanohablantes que dependen de estos recursos para entender políticas clave. Aunque no tiene repercusiones legales directas, limita significativamente el alcance del gobierno entre comunidades latinas y refuerza una narrativa de exclusión. Este movimiento podría tener implicaciones políticas y sociales importantes para una población que juega un papel crucial en el panorama electoral estadounidense.
