Buenos Aires, 28 de marzo de 2026.- El Gobierno Nacional de Argentina declaró oficialmente al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) como una organización terrorista, una medida que implica su incorporación inmediata al Registro Público de Personas y Entidades vinculadas a Actos de Terrorismo y su Financiamiento (RePET). La resolución, emitida este 26 de marzo de 2026 desde Buenos Aires, fue coordinada entre la Cancillería, el Ministerio de Seguridad Nacional, el Ministerio de Justicia y la Secretaría de Inteligencia de Estado.
Con esta designación, el CJNG queda sujeto a sanciones financieras y restricciones operativas dentro del territorio argentino. La decisión responde a la evaluación de actividades ilícitas de carácter transnacional atribuidas al grupo criminal, el cual tiene presencia reportada en al menos 40 países. El organismo dependiente del Ministerio de Justicia será el encargado de administrar las implicaciones legales de este estatus.
La medida se produce en un contexto marcado por la reciente captura y muerte de Nemesio Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”, líder de la organización, ocurrida el 22 de febrero de 2026. Aunque el comunicado oficial de la Oficina del Presidente de la República no detalla evidencias específicas de operaciones del cártel dentro de suelo argentino, la inclusión en el RePET establece un marco jurídico para bloquear activos y limitar cualquier tipo de vinculación financiera con la entidad.
La administración del presidente Javier Milei ha priorizado la alineación con estándares internacionales de seguridad mediante esta acción. Al integrar al CJNG en la lista de entidades terroristas, Argentina busca cerrar espacios operativos para el financiamiento del crimen organizado trasnacional, siguiendo los lineamientos de inteligencia recopilados por sus agencias de seguridad.
Esta declaración sitúa al cártel mexicano bajo un escrutinio legal severo en la región, ampliando las herramientas disponibles para las autoridades judiciales y policiales argentinas. La resolución formaliza la postura del Estado frente a las redes criminales globales, utilizando el aparato regulatorio financiero como mecanismo principal de contención.
