Ciudad De México, 27 de marzo de 2026.- El pleno de la Cámara de Diputados aprobó la reforma constitucional que establece un límite máximo a las pensiones y jubilaciones de los exfuncionarios públicos, fijando el tope en el 50 por ciento de la remuneración del titular del Ejecutivo Federal. La modificación al Artículo 127 de la Carta Magna, impulsada para eliminar las llamadas “pensiones doradas”, fue validada durante una sesión marcada por la presencia de manifestantes en las inmediaciones del Palacio Legislativo de San Lázaro.
La votación presentó discrepancias en los reportes de los medios presentes. Mientras que algunas fuentes indicaron que la medida contó con 458 votos a favor, otros registros detallan un resultado de 363 votos a favor, 64 en contra y 20 abstenciones. Pese a las diferencias numéricas, la iniciativa logró los respaldos necesarios para avanzar en el proceso legislativo, afectando directamente a jubilados de organismos como Petróleos Mexicanos (Pemex), la Comisión Federal de Electricidad (CFE), Banobras y la extinta Luz y Fuerza del Centro.
Durante el debate, se registró la participación de legisladores de diversas fuerzas políticas. La diputada Margarita Zavala, del Partido Acción Nacional (PAN), intervino en la discusión sobre el alcance de la norma. El texto aprobado contempla excepciones específicas: quedan fuera del tope establecido los haberes de retiro de las Fuerzas Armadas, así como las pensiones constituidas a partir de aportaciones voluntarias a sistemas de ahorro, cuotas sindicales y prestaciones no contributivas.
La aprobación en la Cámara baja ocurre tras el aval previo del Senado, donde la iniciativa había sido discutida bajo la premisa de poner orden en el sistema de pensiones del sector paraestatal debido a la carga que representan para el erario las percepciones millonarias de ciertos exdirectivos. Con este paso, la minuta será turnada a las legislaturas de los estados y de la Ciudad de México para su ratificación, requisito indispensable para que la reforma entre en vigor una vez promulgada.
El entorno de la sesión reflejó la tensión social que rodea el tema, con grupos de jubilados de las empresas estatales congregados en el exterior del recinto para expresar su rechazo a la medida. La reforma también incorpora ajustes en el lenguaje para hacerlo inclusivo, alineándose con las modificaciones recientes en la redacción de textos legales federales.
