Ciudad De México, 26 de marzo de 2026.- La Cámara de Diputados aprobó en lo general la reforma al artículo 127 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para establecer un límite a las pensiones y jubilaciones de los ex trabajadores de confianza de organismos y empresas públicas, con aplicación retroactiva. La medida fue impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y cuenta con el respaldo mayoritario de la bancada oficialista, aunque generó críticas de la oposición por su impacto en derechos adquiridos.
El nuevo marco constitucional fija como tope máximo para estas prestaciones la mitad de la remuneración mensual de la persona titular del Ejecutivo federal. De acuerdo con estimaciones reportadas durante el debate, este monto ascendería aproximadamente a 70 mil pesos, considerando el salario actual de la mandataria. La reforma busca eliminar las llamadas “pensiones doradas” en entidades como Petróleos Mexicanos (Pemex), la Comisión Federal de Electricidad (CFE), Banobras y la extinta Luz y Fuerza del Centro.
El dictamen aprobado excluye expresamente de este límite a las pensiones de las Fuerzas Armadas, así como aquellas derivadas de aportaciones voluntarias a sistemas de ahorro para el retiro, las constituidas con aportaciones sindicales y las pensiones no contributivas. Durante la sesión, se incorporó lenguaje inclusivo en el texto del decreto, alineado con las modificaciones legislativas recientes del Congreso de la Unión.
La votación reflejó divisiones en el pleno legislativo. Mientras algunas fuentes indicaron una aprobación casi unánime con 458 votos a favor, otros registros detallan un resultado de 363 votos a favor, 64 en contra y 20 abstenciones. El coordinador del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Rubén Moreira, anunció el voto favorable de su bancada pese a sus reservas, señalando que están en contra de las pensiones privilegiadas pero cuestionando la eficacia de la estrategia de Morena para eliminarlas y advirtiendo sobre omisiones en el dictamen.
Por su parte, la diputada Margarita Zavala criticó duramente la medida, argumentando que viola el derecho humano a la no retroactividad consagrado en el artículo 14 constitucional. La legisladora sostuvo que los senadores emitieron su voto basándose en información imprecisa o falsa respecto a las implicaciones legales del cambio normativo para los jubilados actuales.
La aprobación legislativa estuvo marcada por la tensión en los accesos al Palacio Legislativo de San Lázaro, donde grupos de jubilados de empresas públicas intentaron ingresar por la fuerza para protestar contra la reforma. Las manifestaciones evidenciaron el rechazo de sectores afectados que ven amenazados sus ingresos tras años de servicio en el sector paraestatal.
Con esta aprobación en la Cámara baja, la reforma avanza en el proceso constituyente, aunque enfrenta el escrutinio jurídico por su carácter retroactivo. El debate ahora se centra en las consecuencias legales inmediatas para los pensionistas actuales y la posible interposición de controversias constitucionales por parte de actores inconformes con la modificación al techo salarial de las jubilaciones del Estado.
