Ciudad De México, 25 de marzo de 2026.- La Cámara de Diputados aprobó la reforma a la Ley de Vivienda con 354 votos a favor y 95 en contra, marcando un avance legislativo en materia de derechos sociales, mientras que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) destinó recursos millonarios a instituciones científicas y sindicales, aunque enfrentó críticas por la cancelación de becas universitarias debido a falta de presupuesto.
La iniciativa legislativa, impulsada en el marco de una agenda activa de reformas, busca garantizar el acceso a una vivienda adecuada. El proyecto Viviendas del Bienestar en San Pedro, parte de estas acciones, contempla la construcción de 2,490 casas. Sin embargo, la aprobación de la ley se dio en un contexto donde más del 55% de la población ocupada en México trabaja en el sector informal, lo que plantea desafíos para la efectividad de las nuevas normas.
En el ámbito judicial, la SCJN, bajo la presidencia de Hugo Aguilar Ortiz, reportó donaciones de 7 millones de pesos a la UNAM y 3.4 millones a la Asociación Mexicana de Impartidores de Justicia durante 2024, acumulando 32.5 millones en años recientes. No obstante, surgió una contradicción financiera: en 2025, el tribunal canceló los donativos para becas de estas mismas instituciones alegando insuficiencia de fondos, pero en ese mismo ejercicio destinó 1.5 millones de pesos al Sindicato del Poder Judicial para eventos, monto que se suma a los 10.2 millones erogados entre 2021 y 2024 para fines similares.
La justicia con perspectiva de género también centró la atención pública. Mónica Soto Fregoso, magistrada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), participó en los debates sobre la equidad real. Aunque se han firmado convenios para fortalecer este enfoque, el presidente de la SCJN reconoció que aún no se ha alcanzado la paridad efectiva entre hombres y mujeres. Datos de Quintana Roo ilustran esta disparidad: de 117 cargos judiciales, solo 62 son ocupados por mujeres.
Las tensiones ideológicas y administrativas se extendieron a otros niveles de gobierno. En la Alcaldía La Magdalena Contreras, Fernando Mercado Guaida enfrenta debates locales, mientras que la Iglesia católica mexicana y el Congreso de la Ciudad de México han discutido temas como el día del niño por nacer. Por su parte, la Secretaría de las Mujeres, encabezada por Citlali Hernández Mora, y la CTM, representada por Tereso Medina, mantienen posturas activas en la definición de políticas públicas.
La diputada Diana Sánchez Barrios y otros actores legislativos continúan trabajando en las modificaciones pendientes, mientras el Infonavit, dirigido por Octavio Romero Oropeza, opera como pieza clave en la implementación de la nueva ley de vivienda. La dinámica política refleja una descentralización de las decisiones, con acciones simultáneas en el Congreso de la Unión, la SCJN y gobiernos estatales.
Este conjunto de reformas y acciones judiciales define el panorama inmediato para el segundo trimestre de 2026, donde la asignación de recursos públicos y la consolidación de derechos sociales seguirán siendo puntos de debate entre los poderes federales y la sociedad civil.
