Por Redacción
Ciudad de Mexico, 18 de marzo de 2026.- La alcaldesa de Cuauhtémoc, Alessandra Rojo de la Vega, y el secretario de Vivienda de la Ciudad de México, Inti Muñoz Santini, se enfrentaron públicamente tras el colapso de un edificio en la colonia San Antonio Abad, que causó la muerte de tres personas el pasado 9 de marzo. El conflicto gira en torno a quién tenía la responsabilidad de supervisar la demolición del inmueble ubicado en la calle San Antonio Abad 124, autorizada mediante un polémico Acuerdo de Facilidades.
Rojo de la Vega sostuvo que la supervisión de la obra correspondía al gobierno capitalino, argumentando que el acuerdo obligaba a las autoridades de la Ciudad de México a coordinar el proceso y garantizar la seguridad. La alcaldesa calificó la decisión de autorizar la demolición, tomada apenas tres días después de que su administración la negara por detectar diez riesgos graves, como algo deliberado: “No fue un error. Fue una decisión”.
En contraste, durante una conferencia de prensa, el secretario Inti Muñoz Santini afirmó que la responsabilidad primaria de vigilancia recaía de manera ineludible en la alcaldía Cuauhtémoc, con o sin el Acuerdo de Facilidades. Esta declaración contradice directamente la postura de la alcaldesa, quien insiste en que el mecanismo de autorización excepcional transfería la supervisión al gobierno central.
El incidente ocurrió en un edificio cuya empresa propietaria aún no ha sido identificada públicamente por las autoridades. El permiso de demolición fue negado inicialmente el 17 de octubre por los riesgos detectados, pero fue autorizado el 20 del mismo mes a través del mencionado acuerdo, un instrumento que agiliza trámites pero que ahora está en el centro de la disputa por la supervisión.
Hasta el momento, no se han revelado los detalles específicos de los diez riesgos graves que motivaron la negativa inicial, ni la identidad de las tres víctimas mortales. Tampoco se conoce la hora exacta del colapso o el estado actual de la investigación oficial que determine las causas técnicas del derrumbe y las responsabilidades penales o administrativas.
El enfrentamiento entre la jefa territorial y el funcionario del gobierno de Claudia Sheinbaum pone de manifiesto las grietas en la coordinación y los protocolos de seguridad para obras de alto riesgo en la capital. La falta de claridad en los mecanismos de supervisión, especialmente cuando se utilizan figuras excepcionales como los Acuerdos de Facilidades, deja un vacío de responsabilidad que, en este caso, terminó en tragedia.
El caso ha generado cuestionamientos sobre la eficacia de los controles urbanos en la CDMX y la posible opacidad en la autorización de obras peligrosas. Se espera que la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México avance en la investigación para esclarecer los hechos y determinar si hubo negligencia por parte de la empresa responsable, de la alcaldía o del gobierno central.
