Phoenix, 27 de marzo de 2026.- El Departamento de Justicia de Estados Unidos acusó formalmente a dos ciudadanos estadounidenses de conspirar para proporcionar apoyo material a organizaciones terroristas designadas, tras determinar que vendieron armas de fuego a los cárteles de Jalisco Nueva Generación (CJNG) y de Sinaloa. Los implicados son Laurence Gray, de 65 años, y Barrett Weinberger, de 73, propietarios de la tienda de armas “Grips by Larry” ubicada en el estado de Arizona.
De acuerdo con la acusación presentada por las autoridades federales, los detenidos realizaron ventas de armamento en al menos cinco ocasiones entre febrero y mayo de 2025. La investigación estableció que ambos comerciantes actuaron a sabiendas de que las armas serían traficadas hacia México para fortalecer los arsenales de las organizaciones criminales mencionadas. Por estos cargos, que incluyen conspiración e intento de proveer apoyo material a una organización terrorista, Gray enfrenta una pena potencial de decenas de años de prisión y sanciones económicas por cientos de miles de dólares.
La empresa “Grips by Larry”, donde se originaron las transacciones ilícitas, no formó parte de la demanda civil que el gobierno mexicano interpuso en octubre de 2022 ante una corte de Arizona contra otras cinco tiendas de armas por su presunta participación en el tráfico ilegal. No obstante, este nuevo caso marca un precedente al utilizar la figura jurídica de terrorismo para perseguir a proveedores de armas que surten a grupos del crimen organizado transfronterizo.
Las autoridades estadounidenses han intensificado sus acciones legales bajo la premisa de que el abastecimiento de armamento de alto poder a estas agrupaciones constituye un apoyo directo a actividades terroristas. Tanto el CJNG como el Cártel de Sinaloa han sido incluidos en listas federales de Estados Unidos como organizaciones terroristas internacionales, una medida administrativa que permite al Departamento de Justicia elevar la gravedad de los delitos conexos a su financiamiento o equipamiento.
Este proceso judicial se desarrolla en un contexto de creciente presión sobre el comercio de armas en la frontera sur de Estados Unidos, donde investigadores documentan redes de “compradores de paja” que adquieren legalmente el armamento para luego transferirlo a intermediarios mexicanos. La ubicación de la armería involucrada, a menos de 15 minutos de la frontera con Naco, Sonora, facilita según los expertos el traslado rápido del material bélico hacia territorio mexicano sin pasar por controles aduanales tradicionales.
