Por Redacción
Buenos Aires, 09 de agosto de 2026.- Editores, libreros y autores argentinos rechazaron mayoritariamente el proyecto de desregulación del sector librero impulsado por el Gobierno de Javier Milei. La propuesta, elaborada por el Ministerio de Desregulación a cargo de Federico Sturzenegger, pretende derogar la ley de protección de la actividad librera vigente desde hace 25 años y desguazar el Fondo Nacional de Fomento del Libro y la Lectura.
Este es el tercer intento del Ejecutivo en esa dirección desde que la ultraderecha llegó al poder a fines de 2023. El rechazo reúne a filiales de empresas multinacionales, editoriales independientes, así como a grandes y pequeñas librerías de un país que cuenta con unas 1.500 librerías y más de 500 empresas editoriales pequeñas y medianas.
En una declaración conjunta, las principales organizaciones del sector alertaron: “Una red de librerías, y la vida cultural en torno a ellas, puede tardar décadas en formarse, y muy poco en perderse”. La norma actual establece que los libros solo se pueden comercializar a un precio uniforme de venta al público, fijado por el editor o importador, un régimen similar al que opera en países como Francia, España, Alemania y México.
La ley admite excepciones limitadas: descuentos no superiores al 10% en ferias del libro y actividades afines, y rebajas de hasta el 50% únicamente para compras realizadas por organismos públicos para distribución gratuita. Federico Sturzenegger defendió la iniciativa argumentando que “en Argentina existe una ley que no te permite vender libros baratos, te obliga a venderlos a un precio uniforme en todo el país”.
El funcionario cuestionó la oposición al proyecto: “Me pregunto en qué planeta de qué universo podría uno oponerse a que los libros lleguen más baratos a los consumidores. Me pregunto cómo puede ser que alguien piense que se defiende la cultura con libros caros e inaccesibles”. Según Sturzenegger, “la competencia simplemente los obligaría [a los actores del sector] a ofrecer más productos y a mejores precios”, planteando la disyuntiva entre “defender un negocio protegido por una ley o pensar en la gente”.
