Por Redacción
Ensenada, 20 de julio de 2026.- Ernesto Ruffo Appel, exgobernador de Baja California, ingresó este lunes a las 2:15 de la tarde al penal de máxima seguridad del Altiplano, junto con otros cuatro imputados, tras ser detenido el jueves 16 de julio en Ensenada. La Fiscalía General de la República (FGR) obtuvo una orden de aprehensión en su contra por los delitos de delincuencia organizada, un delito en materia de hidrocarburos y contrabando.
La orden de captura fue librada el 13 de julio de 2026 por la jueza Alejandra Ramírez de la Vega, quien también giró instrucciones contra otros 24 imputados, incluido Carlos Xavier Treviño Sepúlveda. Previamente, el 22 de junio, el juez Mario Elizondo Martínez había negado dicha solicitud. La jueza concluyó que la participación de Ruffo Appel “no se limita a una intervención material aislada, sino que corresponde a la de un dirigente dentro de una organización criminal con dominio funcional del hecho”.
La audiencia inicial contra Ruffo Appel y otros siete presuntos implicados comenzó la noche del 17 de julio a las 22:00 horas mediante videoconferencia ante el Centro de Justicia Penal Federal de Almoloya de Juárez. El proceso se extendió por más de 30 horas, aunque otras fuentes reportan que duró 40 horas. Durante esta diligencia, la jueza dictó prisión preventiva para Ruffo Appel y sus coacusados debido a su posible participación en los ilícitos investigados.
Mientras tanto, dos imputados, José María de la Peña Ramos y Guillermo de la Peña Rosales, permanecerán en sus domicilios por motivos de salud, y Adriana Magali Bárcenas Guillén quedó recluida en el Cereso Nezahualcóyotl Sur. La defensa de los detenidos se acogió a la duplicidad del término constitucional, por lo que su situación jurídica se definirá el próximo martes 21 de julio.
La investigación tiene su origen en el aseguramiento de 33 ferrotanques con hidrocarburo realizado en julio de 2025 en Ramos Arizpe, Coahuila. La FGR identificó la participación de 70 personas, incluyendo representantes aduanales y servidores públicos. La fiscal Ernestina Godoy afirmó que se desmanteló “la red de huachicol más grande de México”, la cual, según informó, causó una afectación al erario de más de 4,000 millones de pesos; otra fuente eleva la cifra a 4,456 millones.
Ante las detenciones, la presidenta Claudia Sheinbaum descartó cualquier motivación política. “Es falso que haya un asunto político aquí. Es derivado de una investigación que tiene un año”, declaró, añadiendo que el caso no tiene relación con audios filtrados de la gobernadora Marina del Pilar Ávila. Por su parte, el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, precisó que aún faltan más aprehensiones por cumplimentar.
La realización de la audiencia a puerta cerrada generó críticas. Roberto Gil Zuarth, exsecretario de Gobernación, denunció que el proceso se llevó a cabo “sin prensa, sin público, sin familiares” y exigió transparencia: “Que todas las audiencias del caso Ruffo sean públicas: que veamos las pruebas, que escuchemos a las partes”. Verónica Ruffo, hija del exmandatario, denunció un “trato indigno y humillante” y pidió un juicio justo. El PAN exigió respeto al debido proceso, mientras que la Coparmex en Baja California calificó el caso como una aplicación “discrecional” de la ley para crear “cortinas de humo”.
