Ciudad De México, 12 de abril de 2026.- La Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) advirtió que el bloqueo de cuentas sin control judicial, planteado por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y validado recientemente por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), debilita el Estado de derecho y la certeza jurídica, base de la inversión y el desarrollo.
El pasado 6 de abril, el Pleno de la SCJN resolvió la Acción de Inconstitucionalidad 58/2022 y, por mayoría de seis votos contra tres, determinó que la UIF puede bloquear cuentas cuando existan “indicios suficientes” de posible vinculación con operaciones ilícitas o financiamiento al terrorismo, sin requerir una orden judicial previa. Coparmex señaló que esta decisión tensiona el principio de presunción de inocencia reconocido en el artículo 20 constitucional y contraviene el artículo 14, al permitir restringir el acceso a recursos sin controles definidos.
María del Carmen Reyes García, presidenta de Coparmex Laguna, afirmó que “el bloqueo de cuentas puede generar efectos similares a una sanción antes de acreditar responsabilidad, colocando a los afectados en desventaja para su defensa”. La organización subrayó que el impacto es severo para las micro, pequeñas y medianas empresas (Mipymes), que representan más del 99% del tejido empresarial y dependen de la liquidez diaria. En un comunicado, Coparmex indicó: “Con esta decisión, se establece un precedente delicado para el Estado de derecho, al permitir afectaciones directas al patrimonio de personas y empresas sin reglas plenamente definidas”.
En materia de desarrollo económico, Quintana Roo se posicionó como la entidad con mayor crecimiento en la actividad industrial del país durante diciembre de 2025, al registrar un incremento mensual de 19.8 por ciento, según el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi). El Gobierno de Quintana Roo, encabezado por Mara Lezama, atribuyó estos resultados a la diversificación económica y la coordinación con la iniciativa privada, señalando que “reflejan la confianza del sector empresarial en la entidad” y la continuidad de proyectos estratégicos respaldados por la Presidenta Claudia Sheinbaum.
Por otro lado, en La Laguna de Durango, la empresa Fermaca iniciará la construcción de la planta de fertilizantes Fermachem en Lerdo tras obtener la actualización del Manifiesto de Impacto Ambiental (MIA). Arturo Ortiz Galán, subsecretario de Desarrollo Económico, confirmó que el proyecto está en fase final de preparación y que las primeras obras podrían arrancar entre mayo y junio, con una ejecución estimada de dos a dos años y medio. Se espera la generación de entre 3,000 y 4,000 empleos directos durante la construcción y el inicio de producción de urea a finales de 2027.
Respecto a la proveeduría, Ortiz Galán detalló: “No obligamos, pero sí lo pusimos sobre el contrato para que se condicionara, de cierta forma, darle prioridad a la proveeduría local. Esto empieza desde la misma construcción”. Asimismo, en el sector agrícola de la región, alrededor de 200 productores de Viesca, San Pedro y Francisco Madero se han inscrito para sembrar frijol en el ciclo 2026. Juan Pablo Urraza Guerrero, subsecretario de Desarrollo Rural, confirmó que se mantienen gestiones con la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader) para concretar los apoyos necesarios.
