Ciudad De México, 07 de abril de 2026.- La presidenta Claudia Sheinbaum redobló sus críticas al informe del Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU, el cual concluye que en México este delito se comete de manera sistemática y generalizada, y que los más de 132 mil casos podrían constituir crímenes de lesa humanidad. Sheinbaum afirmó que “el Estado mexicano existe y no está rebasado” y advirtió un trasfondo político detrás de la intención del Comité de llevar el asunto a la Asamblea General de la ONU.
La mandataria insistió en que las desapariciones son cometidas en su mayoría por organizaciones delincuenciales y no por el Estado, negando que la situación en México pueda ser clasificada como un crimen de lesa humanidad, pues aseguró que es “otra cosa” definida por la ONU. Por su parte, la Cancillería de México calificó el informe de “tendencioso” por no considerar las medidas implementadas en los últimos años. Sheinbaum rechazó por segundo día consecutivo los resultados del documento, acusando que “usa un análisis del 2009 al 2017 en cuatro estados para extrapolar hasta el 2025”.
Luisa María Alcalde, dirigente nacional de Morena, rectificó que “no se trata de un informe de la ONU, sino de un grupo de expertos que trabajan para ella”. Alcalde señaló que el análisis se basa indebidamente en estadísticas del periodo de 2009 a 2017 y se enfoca en apenas cuatro estados, ignorando las acciones realizadas a partir de 2018 por la 4T. El gobierno federal presentó un cribado que arroja que solo un tercio de los registros (43,128) correspondería a personas desaparecidas, argumentando que de los 132,534 casos totales, 46,742 no están vinculados a una persona debido a registros incorrectos o inconsistencias permitidas desde 2017.
En contraste, el Comité de la ONU aseguró que su evaluación no se limita a un periodo específico, sino que integra información acumulada durante más de una década. Juan Pablo Albán, presidente del Comité, señaló que el análisis examina “la evolución de la situación hasta la actualidad” y subraya que incorpora datos recientes, destacando las 28,880 desapariciones reportadas del 1 de enero de 2023 al 22 de abril de 2025. El documento sitúa el origen del agravamiento del fenómeno en 2006 y documenta una crisis forense con alrededor de 72,000 restos humanos sin identificar para inicios de 2026, cifra que ha crecido sostenidamente desde los 52,000 calculados en 2021.
Ante la respuesta gubernamental, la diputada Laura Ballesteros exigió que Rosario Piedra renuncie a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) por su deficiente actuación. “Su renuncia como titular de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos es inaplazable. Le exijo la misma”, dijo Ballesteros, quien acusó a Piedra de ejercer un papel protector del Estado en lugar de acompañar a las víctimas y anunció que buscará iniciar un proceso de juicio político en su contra. Por su parte, el diputado Elías Lixa acusó al gobierno federal de modificar la metodología para minimizar las desapariciones y afirmó: “No pueden esconder la realidad bajo un manto de mentiras”.
Lixa anunció acciones para exigir rendición de cuentas, incluyendo gestionar un encuentro con representantes de la ONU. Mientras tanto, Sara Hernández, integrante del Comité ¡Eureka!, afirmó que la decisión de la ONU de llevar el caso a la Asamblea General es “muy importante” e “histórica”, sosteniendo que rechazar la determinación implicaría “un retroceso lamentable”. La Barra Mexicana de Abogados también exhortó al Gobierno de México a atender las recomendaciones del Comité y a no descalificar la decisión, haciendo un llamado a aceptar la ayuda internacional.
